El reciente fallecimiento de Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca, ha generado un impacto significativo en el país, especialmente en el contexto de las investigaciones relacionadas con el programa alimentario Qali Warma. Según un informe de Alejandra López para La República, el empresario, de 65 años, fue hallado el pasado 25 de diciembre en la habitación N.° 301 del Hotel Luz y Luna, ubicado en Magdalena del Mar. Las autoridades informaron que la causa de su deceso habría sido una lesión en el cuello, cuyas circunstancias se encuentran bajo investigación.
“Las circunstancias aún se desconocen. Está en proceso de investigación”, afirmó Félix Chero, abogado de Burga, en declaraciones a La República. Según fuentes del mismo medio, Burga llevaba algunos días hospedado en el hotel y no en su domicilio habitual, lo que ha generado preguntas sobre los motivos de su estancia en ese lugar. La División de Homicidios de la Policía Nacional retiró el cuerpo y recolectó elementos importantes en la escena, los cuales están siendo analizados para esclarecer los hechos. Familiares del empresario llegaron al lugar, aunque prefirieron no brindar declaraciones a los medios presentes.
Este caso ha captado aún más atención debido a las investigaciones en curso contra Frigoinca, la empresa que Burga lideraba, por presuntas irregularidades en el suministro de alimentos a Qali Warma. La empresa ha sido señalada por distribuir productos que no habrían cumplido los estándares requeridos, afectando a diversos escolares en distintas regiones. Estos hechos han suscitado preocupación, dado que el programa está dirigido a comunidades en situación de vulnerabilidad.
El 17 de diciembre, días antes del fallecimiento de Burga, el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lima, en conjunto con la Policía Nacional, llevó a cabo operativos en las oficinas de Frigoinca y en la vivienda del empresario. Según se informó, los allanamientos buscaban recopilar pruebas relacionadas con supuestos actos ilícitos en contratos adjudicados a la empresa para abastecer alimentos al programa Qali Warma. De forma simultánea, también se realizó una intervención en la vivienda de Fredy Hinojosa, vocero presidencial y exdirector ejecutivo de dicho programa, quien se encuentra bajo investigación por presuntos favores hacia Frigoinca.
Presuntos Actos Irregulares y Funcionarios Vinculados
Según las primeras indagaciones de la Fiscalía, Frigoinca, reconocida por comercializar productos como las conservas Don Simón, habría operado un presunto esquema irregular que involucraba pagos indebidos a funcionarios públicos para garantizar la aprobación de sus productos y contratos con el Estado. En palabras de Alejandra López para La República, esta red habría incluido a empleados de entidades como Qali Warma, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y Digesa, quienes habrían recibido beneficios económicos a cambio de permitir la distribución de productos cuestionados.
Entre los involucrados destacan Deyvis Espinoza Mendoza y Alejandra Pazos Cribillero, quienes, según la investigación, ocupaban posiciones clave en los procesos de aprobación de los productos. Espinoza, desde Qali Warma, habría dado luz verde a la calidad de las conservas, mientras que Pazos, como funcionaria del Ministerio de Salud, habría certificado las condiciones de fabricación de los alimentos. Según la Fiscalía, ambos habrían recibido pagos por un monto total de S/215,000 para beneficiar a Frigoinca, facilitando la distribución de productos que formaban parte del programa alimentario.
El caso ha generado una amplia preocupación pública, especialmente debido al impacto directo en los beneficiarios del programa. Qali Warma, diseñado para brindar alimentos a escolares en zonas vulnerables, es un pilar fundamental para garantizar el bienestar de miles de niños en el país. Sin embargo, los incidentes de intoxicación registrados en diversas regiones han evidenciado fallos graves en el control de calidad y en los procesos de supervisión de los contratos.
El Contexto de Nilo Burga y las Investigaciones en Curso
El fallecimiento de Nilo Burga representa un giro inesperado en las investigaciones relacionadas con este caso. Su abogado, Félix Chero, aseguró que el empresario estaba dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer las denuncias en torno a Frigoinca y demostrar su compromiso con la legalidad. “Nilo Burga siempre confió en que demostraría su inocencia. Esta pérdida es un golpe para todos quienes lo conocimos”, expresó en entrevista con La República.
No obstante, su partida podría dificultar ciertos aspectos de las indagaciones, dado que era una figura central en las operaciones de la empresa. La Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios que permitan esclarecer los presuntos actos irregulares. Las evidencias halladas durante los operativos, así como los documentos y comunicaciones incautados, serán clave para avanzar en el caso y determinar el nivel de responsabilidad de los involucrados.
Por otro lado, el caso pone de relieve la importancia de reforzar los sistemas de supervisión y transparencia en los procesos de contratación pública, especialmente en programas sensibles como Qali Warma. Este tipo de casos afectan no solo la imagen de las instituciones, sino también la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales sin irregularidades.
Reflexiones Sobre un Caso que Conmociona al País
El Caso Qali Warma plantea importantes lecciones y desafíos para el sistema de justicia y las instituciones públicas del Perú. La lucha contra la corrupción y la mejora en los sistemas de supervisión y control son cruciales para evitar que situaciones similares se repitan. Este programa, que busca garantizar la alimentación escolar en las zonas más necesitadas, debe operar con los más altos estándares de calidad y transparencia.
La partida de Nilo Burga marca un capítulo complejo en este caso, pero también refuerza la necesidad de que las investigaciones se lleven a cabo con rigor y objetividad. Para los familiares, colaboradores y demás personas cercanas a Burga, este suceso representa una pérdida difícil de asimilar. Mientras tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos y sancionar cualquier irregularidad que haya perjudicado el funcionamiento del programa alimentario.
La ciudadanía espera que este caso sea un punto de inflexión que permita fortalecer los procesos institucionales, especialmente en los programas destinados a atender a la población más vulnerable. En un país con altos índices de desigualdad, garantizar la transparencia y la calidad en los servicios básicos no solo es una obligación legal, sino también un compromiso moral.
