La congresista Gladys Echaíz, integrante de la bancada Honor y Democracia, responsabilizó directamente al Congreso por los trágicos hechos ocurridos en Pataz, La Libertad, donde 13 trabajadores mineros fueron secuestrados, torturados y asesinados. Afirmó que hubo advertencias claras sobre los riesgos que implicaba seguir alentando la minería informal. “Se les dijo, se les habló; pero primaron otros intereses”, señaló en declaraciones públicas.
La crítica apunta especialmente a la reciente aprobación de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), norma impulsada por el propio Congreso y que, según Echaíz, ha permitido el crecimiento de actividades ilegales bajo un manto de aparente legalidad. “Tenemos mucha culpa por haber aprobado esa ley”, sostuvo.
En medio del escándalo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se encuentra fuera del país. Según registros migratorios, dejó el Perú el 3 de mayo, un día antes de que se hallaran los cuerpos de los mineros asesinados. Su salida ha sido objeto de duras críticas, especialmente porque aún no ha explicado los motivos de su viaje.
La minera Poderosa, a través de un comunicado, también cuestionó al Parlamento. Señaló que las decisiones legislativas han servido como “manto protector” de actividades ilegales y exigió al Estado un cambio de estrategia. “Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos para enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde”, expresó.
Además, pidió que se capture a los responsables del crimen y se fortalezca la lucha contra la minería ilegal, que ya se consolida como una de las principales economías ilícitas del país.
La ampliación del Reinfo, aprobada en diciembre de 2024, podría ser prorrogada nuevamente por decreto supremo hasta junio de 2025, lo que ha reavivado el debate sobre su eficacia y consecuencias.
