El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue sometido a una audiencia de control de identidad tras ser detenido bajo sospecha de liderar una red criminal en el ámbito del fútbol peruano, conocida como “Los Galácticos del Fútbol”. Esta audiencia, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, busca verificar los antecedentes del caso, en el cual Lozano y otros implicados enfrentan acusaciones de fraude, coacción, corrupción privada y lavado de activos. Las investigaciones preliminares señalan que, desde diciembre de 2018, Lozano habría utilizado su posición para manipular decisiones y distribuir recursos con fines personales, presuntamente beneficiando a clubes y a una compañía privada en detrimento de la transparencia en el manejo de los fondos de la FPF.
La Fiscalía sostiene que Lozano encabezó una organización compuesta por al menos 21 personas que se infiltraron en la FPF para manipular fondos y establecer contratos cuestionables. El fiscal Juan Orihuela, encargado de la acusación, ha subrayado como hechos especialmente graves la cesión de derechos de transmisión de partidos a 1190 Sports, una empresa chilena con vínculos cercanos a algunos de los implicados, así como el uso de fondos para asegurar el respaldo de dirigentes y otros actores del fútbol. La orden judicial emitida la madrugada del 7 de noviembre incluye la detención preliminar de 15 días para Lozano y 13 de sus presuntos colaboradores, además del allanamiento de 18 propiedades en Lima y en otras cinco ciudades del país, en busca de pruebas que puedan fortalecer el caso. Según un informe de La República redactado por Juan Castro.
Un esquema de poder en la FPF
De acuerdo con el Ministerio Público, Agustín Lozano habría consolidado una estructura de poder dentro de la FPF durante sus mandatos de 2019 a 2021 y de 2022 a 2025. Se le acusa de haber manipulado las decisiones y los recursos de la Federación en beneficio de sus propios intereses y de una red de aliados. Entre las acciones ilegales que se le atribuyen se encuentra la disposición de fondos de la FPF para otorgar ventajas económicas a clubes de la Liga 1 y a ligas departamentales, favoreciendo de esta manera su permanencia en el cargo y creando un ambiente de complicidad con otros directivos.
Las investigaciones apuntan a un supuesto contrato firmado entre la FPF y la empresa 1190 Sports para la transmisión de partidos, que habría sido impulsado por Lozano en asociación con sus aliados. Según el fiscal Orihuela, este acuerdo presenta conflictos de interés, dado que algunos dirigentes de la FPF tienen vínculos familiares con altos ejecutivos de la empresa chilena. Esto, además de vulnerar los estatutos internos de la FPF, violaría también la normativa de Conmebol y FIFA, organismos que rigen las prácticas del fútbol en la región.
Declara Agustín Lozano: “Espero que se haga justicia”
Durante su salida de la residencia en la que fue detenido, Lozano emitió unas breves declaraciones en las que pidió tranquilidad para sus familiares y seguidores. “Espero que se haga justicia, espero que todo se aclare y yo solamente quiero tranquilidad para mi familia y para las personas que confían en el trabajo que he venido realizando”, expresó. Esta declaración fue vista como un intento de calmar a sus simpatizantes, al tiempo que el dirigente deportivo mostró disposición para que las investigaciones continúen.
No obstante, las acusaciones en su contra son significativas y comprometen no solo su gestión al frente de la FPF, sino también su reputación dentro del fútbol peruano. Los cargos de coacción, fraude y corrupción privada configuran un panorama delicado, que podría derivar en sanciones penales y en un cambio drástico en la estructura directiva de la FPF.
Implicados de alto perfil en el caso “Los Galácticos”
Además de Lozano, la investigación involucra a varias figuras prominentes del fútbol peruano, incluyendo a Joel Raffo, propietario del club Sporting Cristal, y a Gisella Mandriotti, presidenta del club Cantolao. Otros dirigentes, como Jean Marcel Robilliard, Humberto Minán Almanza y Fredy Salazar Rondil, figuran entre los detenidos, todos señalados por haber colaborado en la presunta red criminal. La Fiscalía ha señalado que estos individuos habrían desempeñado roles activos en el desvío de fondos y en la estructuración de contratos irregulares, en complicidad con el presidente de la FPF.
Los cargos incluyen también a representantes de ligas departamentales y otros funcionarios de la FPF, quienes habrían facilitado el uso indebido de los recursos de la Federación y ayudado a afianzar los vínculos con empresas privadas en transacciones que presuntamente perjudicaron a la institución. Para los fiscales, el objetivo de estas acciones era consolidar un “bloque de poder” que garantizara la permanencia de Lozano y de su círculo cercano al frente de la FPF.
La conexión con 1190 Sports: una estrategia de control
Uno de los puntos críticos en la acusación es el contrato firmado con 1190 Sports para la transmisión de los partidos de la liga nacional, un acuerdo que ha generado controversia y críticas. Según el fiscal Orihuela, la negociación se facilitó gracias al vínculo familiar entre Joel Raffo Olcese, miembro de la FPF, y Diego Delgado Raffo, de la compañía chilena Prisma SpA, socio de 1190 Sports. Esta relación familiar habría permitido a Lozano y sus allegados firmar un contrato en beneficio propio, comprometiendo la transparencia de las operaciones de la FPF y desviando ingresos que deberían haberse destinado al desarrollo del fútbol peruano.
Las irregularidades detectadas en este contrato motivaron la intervención de la Fiscalía, que considera que este caso refleja un conflicto de interés perjudicial para la FPF y los clubes nacionales. El juez Concepción Carhuancho determinó que existen elementos suficientes para ordenar la detención preliminar y el allanamiento de propiedades, en una investigación que sigue en desarrollo y que podría extenderse para incluir otros actos ilícitos relacionados.
Un escándalo que sacude al fútbol peruano
La detención de Agustín Lozano y de otros dirigentes de la FPF se suma a una serie de controversias que han afectado a la Federación en los últimos años. La falta de transparencia en la gestión de fondos y la presunta manipulación de contratos han generado desconfianza en el público y en los organismos internacionales que supervisan el fútbol en el continente. En este contexto, las acciones de la Fiscalía pretenden esclarecer las irregularidades y restablecer la credibilidad de la FPF, al mismo tiempo que aseguran que el sistema de justicia actúe de forma imparcial y rigurosa.
La próxima audiencia será clave para determinar el rumbo del proceso judicial y las eventuales consecuencias para Lozano y su entorno. Por lo pronto, la atención sigue puesta en el avance de las investigaciones y en las implicaciones que este caso pueda tener para la institucionalidad del fútbol peruano.
