Marco Durán Rocca: “La Fiscalía omitió solicitar la prisión preventiva pese a las pruebas”
La indignación ha crecido en Huánuco y Ambo tras conocerse los detalles del presunto feminicidio ocurrido en el distrito de Churubamba, donde un hombre señalado como responsable de la muerte de una mujer estuvo prófugo por días sin que la Fiscalía solicitara su captura de inmediato. La comunidad, cansada de la inacción de las autoridades, tomó la justicia en sus manos y logró detener al acusado, entregándolo finalmente a la Policía.
El caso ha puesto en evidencia serias deficiencias en la respuesta del Ministerio Público, lo que ha sido duramente criticado por el Defensor del Pueblo de Huánuco Marco Durán Rocca, quien ha cuestionado la demora en la solicitud de prisión preventiva.
Un proceso irregular y la falta de acción del Ministerio Público
De acuerdo con la versión de Durán Rocca, la Fiscalía contaba con elementos contundentes para solicitar la prisión preventiva del presunto feminicida desde el primer momento: el testimonio directo de una menor de 12 años, el cuerpo de la víctima, el arma utilizada y la fuga del agresor. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, el fiscal a cargo, Harry León, no tomó acciones inmediatas para asegurar que el acusado fuera detenido legalmente.
“Este sujeto fue sindicado directamente por una menor, teníamos el cadáver, el arma y aún así no se solicitó la prisión preventiva. El fiscal debió hacerlo el mismo día”, expresó Durán Rocca.
La falta de respuesta de la Fiscalía permitió que el acusado se mantuviera en libertad hasta que la propia comunidad, indignada por la falta de acción de las autoridades, decidió intervenir.
La comunidad toma la justicia en sus manos
La captura del sospechoso no fue realizada por la Policía ni por una autoridad judicial, sino por la propia población de Churubamba, que, al percatarse de la inacción de la Fiscalía, decidió intervenir. Según la ley, los ciudadanos pueden retener a un sospechoso por un máximo de 24 horas antes de entregarlo a la Policía, y eso fue precisamente lo que hicieron.
“La población actuó correctamente al retenerlo. Ellos sabían que no había orden de captura y temían que el individuo quedara en libertad por la negligencia de las autoridades”, detalló Durán Rocca.
El hecho refleja la creciente desconfianza de la población en las instituciones de justicia, que en múltiples ocasiones han sido criticadas por su lentitud y falta de diligencia en la resolución de casos graves.
El riesgo de impunidad
Uno de los principales temores de la ciudadanía es que el acusado quede en libertad mientras se desarrolla el proceso. Durán Rocca advirtió que el abogado defensor del detenido podría interponer recursos para evitar la prisión preventiva.
“Si no hay una correcta fundamentación, este individuo podría quedar libre. La Fiscalía tiene que garantizar un proceso sólido para evitar que la justicia falle una vez más”, señaló.
Esta preocupación cobra aún más relevancia si se considera el elevado número de casos de feminicidio que quedan impunes en el país debido a errores procesales y falta de celeridad en las investigaciones.
La necesidad de reformas en la administración de justicia
El caso de Churubamba no es un hecho aislado, sino un reflejo de las deficiencias estructurales del sistema judicial en el Perú. En Huánuco y Ambo, muchas familias han denunciado la demora en la resolución de procesos legales y la falta de respuestas oportunas por parte de la Fiscalía.
El abogado Marco Durán Rocca hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas correctivas y se refuercen los procedimientos en la administración de justicia, especialmente en casos de violencia de género.
“No podemos permitir que, en pleno siglo XXI, una mujer sea asesinada y que la Fiscalía no haga nada para detener al responsable de inmediato. Esto debe cambiar”, enfatizó.
Conclusión: Un llamado urgente a la acción
El feminicidio en Churubamba y la captura del acusado por parte de la comunidad son una muestra clara de la falta de confianza de la ciudadanía en sus instituciones judiciales. La omisión del Ministerio Público en este caso es una advertencia sobre la urgencia de reformar los procedimientos para garantizar que los responsables de violencia de género no queden en libertad debido a errores procesales.
La sociedad huanuqueña exige justicia y acciones concretas para evitar que casos como este se repitan en el futuro. La Fiscalía tiene la responsabilidad de actuar con celeridad y eficiencia para proteger a las víctimas y prevenir la impunidad. La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántos más deben morir para que la justicia realmente funcione en el Perú?
