Este viernes 19 de diciembre, a las 9:00 a. m., el Poder Judicial revisará el recurso presentado por Keiko Fujimori para solicitar el archivo del caso Cócteles, investigación abierta desde 2018 por el presunto delito de lavado de activos vinculado a aportes de campaña. La audiencia se instala en un contexto de alta sensibilidad política: la lideresa de Fuerza Popular busca cerrar el proceso en medio de un escenario preelectoral, mientras el Ministerio Público sostiene que todavía existen fundamentos para que el caso continúe.
El pedido de la defensa se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en octubre, que dispuso el archivo bajo el argumento de que antes de noviembre de 2016 los aportes ilícitos de campaña no estaban tipificados como delito en la legislación peruana. A partir de esa decisión, no solo Fujimori solicita el cierre del proceso: también lo hacen otros investigados, entre ellos José Chlimper, Antonia Gutiérrez y Adriana Tarazona, además de otras personas comprendidas en el expediente.
La investigación incluye, en total, a 15 personas (Fujimori y otras 14), y ha tenido impactos relevantes en años anteriores: la excandidata presidencial —que ha perdido tres elecciones— afrontó prisión preventiva en dos oportunidades durante el desarrollo del caso. Hoy, con el calendario político acercándose a 2026, la discusión se reabre en sede judicial y el resultado podría marcar un punto de inflexión no solo para los investigados, sino para la lectura pública de la lucha contra el lavado de activos en financiamiento electoral.
Caso en entredicho
La estrategia legal de Keiko Fujimori se sostiene en una premisa central: si la norma penal no consideraba delito ciertos aportes de campaña antes de noviembre de 2016, entonces —según la interpretación del TC— no correspondería mantener la investigación por hechos anteriores a ese marco. Con ese argumento, su defensa solicita que el Poder Judicial ejecute el fallo constitucional y declare concluido el caso.
Sin embargo, la Fiscalía llega a esta audiencia con una lectura distinta: advierte que el archivo no debería operar como una orden automática, y que existen elementos jurídicos que ameritan debate. El hecho mismo de que el juez convoque a audiencia, sostienen en el Ministerio Público, refleja que no se trata de un trámite mecánico, sino de una controversia que debe analizarse con detalle. Para el equipo fiscal, la discusión no se agota en la decisión del TC, sino en cómo se armoniza con otros pronunciamientos del sistema de justicia.
En ese marco, el Coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, expresó que el futuro del caso “aún no está definido” y que el Ministerio Público acudirá con la expectativa de que el Poder Judicial no ejecute el fallo del TC sin un examen exhaustivo. La postura de la Fiscalía se resume en una idea: el caso no está cerrado mientras existan vacíos o aspectos no resueltos que ameriten evaluación judicial, especialmente cuando hay antecedentes que —según afirman— fueron omitidos o no ponderados en la decisión constitucional.
Rafael Vela remarcó un punto que la Fiscalía considera determinante: en 2022, la Corte Suprema —según su declaración— estableció mediante una sentencia casatoria que los hechos investigados sí pueden ser considerados delitos. Esa referencia es clave para la estrategia del Ministerio Público, porque introduce un precedente que, en su visión, tensiona la lectura del TC y refuerza la necesidad de no cerrar la investigación sin un análisis que integre todo el marco jurisprudencial.
