El Estado peruano recibió un nuevo revés judicial en el extranjero que podría escalar en costos, presión financiera y desgaste reputacional. Un juez federal de Estados Unidos declaró al Perú en rebeldía procesal (default) por no comparecer ante la justicia estadounidense ni presentar defensa legal en un proceso vinculado al laudo arbitral de US$91 millones que el país perdió frente a Kuntur Wasi, consorcio que estuvo a cargo del proyecto del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
La resolución, emitida por el magistrado Richard León, del Tribunal del Distrito de Columbia, sostiene que el Perú “nunca compareció ni presentó contestación ni otro escrito”, razón por la cual se formalizó la condición de rebeldía. En la práctica, esta decisión refuerza el camino para que la parte demandante busque mecanismos legales destinados a ejecutar el cobro del monto establecido en el laudo, el cual fue emitido por el CIADI, centro arbitral del Banco Mundial.
Este pronunciamiento no ocurre en el vacío. Durante más de un año, el Perú no habría cumplido con el pago de la suma ordenada por el tribunal arbitral. La falta de respuesta ante la justicia estadounidense agrava la situación: no se trata solo de una deuda en disputa, sino de un proceso donde el Estado quedó sin defensa formal, lo que debilita su posición y deja una señal preocupante en un escenario internacional donde la credibilidad contractual es un activo clave.
Rebeldía del Perú
La declaración de rebeldía no implica únicamente un golpe simbólico. Desde el punto de vista legal, el default abre la puerta a que la empresa demandante impulse acciones para cobrar la deuda mediante vías judiciales, incluyendo pedidos de ejecución sobre activos en jurisdicción estadounidense, siempre bajo las reglas aplicables a bienes del Estado y eventuales restricciones.
El fallo de Richard León también ratifica un punto central: la validez del laudo del CIADI. Es decir, se fortalece la conclusión de que el Estado peruano tiene una obligación pendiente y que, hasta la fecha citada en los documentos judiciales, no habría pagado monto alguno en cumplimiento del laudo.
Este antecedente se suma a alertas previas. Ya en mayo, el propio sistema judicial del Distrito de Columbia había declarado al Perú en rebeldía, lo que habilitaba a la parte demandante a evaluar acciones legales para asegurar el cobro. La nueva resolución refuerza ese escenario y eleva el impacto del caso, especialmente por la lectura que puede hacer el mercado sobre la capacidad del Estado de gestionar controversias internacionales.
En términos prácticos, el riesgo ya no se concentra solo en el arbitraje perdido: ahora se traslada a un terreno más delicado, donde la falta de comparecencia puede convertirse en un factor decisivo para la ejecución del pago. Este cuadro complica el objetivo de atraer inversión privada e impulsar asociaciones público-privadas, porque genera señales de incertidumbre sobre el tratamiento y cumplimiento de contratos de infraestructura.
Cancelación unilateral
El origen del conflicto se remonta a los años en que Kuntur Wasi suscribió un contrato y una adenda con el Estado peruano para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Los acuerdos se firmaron en 2014 y 2016, durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, el proyecto entró en una ruta crítica cuando el Estado decidió dar por terminado el acuerdo de manera unilateral.
