La rendición de cuentas en el sector público es un pilar fundamental para asegurar la transparencia y el correcto manejo de los recursos del Estado. En este contexto, la Contraloría General de la República ha extendido el plazo hasta el próximo 23 de mayo para que más de 2,400 funcionarios y titulares de diversas entidades estatales presenten sus Informes de Rendición de Cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Esta prórroga busca garantizar que todas las autoridades cumplan con esta obligación crucial, que abarca desde el gobierno nacional hasta las administraciones regionales y locales, incluyendo empresas estatales, sociedades de beneficencia y otros organismos sujetos al Sistema Nacional de Control.
Según la investigación publicada por Gestión, la Contraloría ha informado sobre el avance en la presentación de estos informes, señalando que hasta el 7 de mayo, un total de 1,927 autoridades ya habían cumplido con esta responsabilidad. Sin embargo, aún existen 483 titulares pendientes, lo que representa un desafío para alcanzar el cumplimiento total en los plazos establecidos.
La presentación de este informe es de carácter obligatorio y reviste suma importancia, ya que permite a la ciudadanía conocer en detalle el uso que se le da a los fondos y bienes del Estado, así como los resultados obtenidos en la gestión de cada entidad durante el periodo evaluado. Esta información es esencial para fortalecer la confianza pública y promover un control social efectivo sobre las acciones de los funcionarios.
La Contraloría ha dispuesto que la presentación de los informes se realice exclusivamente a través del aplicativo «Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión», disponible en su portal institucional. Esta herramienta facilita el proceso y asegura la estandarización de la información recibida, lo que a su vez permite una mejor fiscalización y análisis por parte del organismo de control.
Una vez cumplido el plazo extendido, la Contraloría tiene previsto publicar en su página web la lista de las autoridades que no hayan cumplido con la presentación del informe. Esta medida busca ejercer presión sobre aquellos funcionarios que no han atendido a su obligación y transparentar el proceso ante la ciudadanía. Asimismo, los informes entregados estarán disponibles para consulta pública, fomentando la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública.
Es importante destacar que la obligación de rendir cuentas recae sobre una amplia gama de entidades, incluyendo el Poder Ejecutivo (Presidencia del Consejo de Ministros, ministerios, organismos públicos, universidades estatales), el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y locales (municipalidades provinciales y distritales), las empresas del Estado, EsSalud, las Sociedades de Beneficencia y los organismos autónomos, entre otros sujetos al Sistema Nacional de Control. Esta diversidad de actores subraya la importancia de la rendición de cuentas para garantizar la transparencia y la buena gestión en todos los niveles del Estado.
Cabe precisar que la rendición de cuentas no solo implica la presentación de información financiera, sino también la justificación de las decisiones tomadas y los resultados obtenidos en la gestión de los recursos públicos. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones administrativas y legales para los funcionarios responsables, según lo establecido en la normativa vigente.
