En medio de una coyuntura marcada por cuestionamientos a la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales, el Ejecutivo nacional ha autorizado un préstamo externo por 200 millones de dólares para el financiamiento parcial del Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (Proregión 2), según consta en el Decreto Supremo n.° 126-2025-EF, publicado el 26 de junio en El Peruano.
La medida implica un nuevo endeudamiento a nombre de la República del Perú, acordado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y será canalizado exclusivamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provías Descentralizado, que figura como única unidad ejecutora de la obra.
Las obras beneficiarán a localidades de Honoria y Tournavista
El proyecto contempla el asfaltado de unos 190 kilómetros de vía en el Corredor Vial n.° 23, un tramo clave para conectar zonas rurales de las provincias de Puerto Inca (Huánuco) y Padre Abad (Ucayali), incluyendo los centros poblados de Señor de Los Milagros, San Miguel de Semuya y Nueva Independencia.
La intervención promete mejorar la transitabilidad vehicular y reducir los costos logísticos para pequeños productores agropecuarios de la Amazonía. Según lo declarado por el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, se trata de un compromiso asumido por el Ejecutivo y que, según sus palabras, responde a una “promesa hecha realidad” tras gestiones desarrolladas en espacios como los Consejos de Ministros Descentralizados.
Es importante aclarar que el Gobierno Regional de Huánuco no participa en la ejecución ni administración directa de estos recursos.
El endeudamiento con CAF implica condiciones técnicas específicas
De acuerdo con el decreto supremo, el préstamo será cancelado en un plazo de 13 años, con un período de gracia de cinco años y medio. Devengará una tasa de interés basada en la tasa SOFR, más un margen determinado por la CAF, y está sujeto a comisiones adicionales por compromiso y financiamiento.
El servicio de la deuda será atendido por el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al presupuesto nacional, sin afectar las partidas regionales. Además, el decreto faculta al MEF a solicitar conversiones de moneda o tasas de interés, y a modificar el cronograma de pagos en caso de desastres naturales.
Aunque las autoridades regionales han resaltado el potencial impacto económico de la vía —en términos de empleo, conectividad y dinamismo agropecuario—, desde la sociedad civil se demanda que estos anuncios no queden solo en discursos.
