Durante más de una década, la carretera San Rafael–Tingo María ha sido tratada como un problema secundario por el Estado. Hoy, la discusión vuelve a centrarse en 18 kilómetros críticos que amenazan con colapsar una de las vías más importantes para la conexión de Huánuco con la selva central. El diagnóstico es conocido, repetido y documentado: mantenimiento insuficiente, expedientes técnicos inconclusos y una cadena de responsabilidades diluidas que termina siempre en lo mismo, la inacción.
La reciente reunión entre autoridades, consorcios y sociedad civil no reveló nada nuevo. Confirmó, más bien, lo que la población ya sabe: el mantenimiento en curso apenas sirve para sostener una transitabilidad precaria, mientras la rehabilitación integral sigue atrapada en escritorios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías Nacional. El expediente del tramo 2, clave para resolver el problema de fondo, continúa sin concluirse tras entre 10 y 15 años de anuncios fallidos. Esa demora no es técnica, es política.
El Estado ha optado por una solución mínima: contratos de mantenimiento que parchean sectores específicos, cambian capas asfálticas de manera fragmentada y compran tiempo sin resolver nada. Es una estrategia que posterga decisiones estructurales y normaliza la precariedad. Mientras tanto, el tramo entre Puente Rancho y Carpish, esos 18 kilómetros críticos, sigue sin fecha de intervención clara, pese a estar adjudicado. La incertidumbre se ha convertido en política pública.
El impacto de esta negligencia no es abstracto. Cada día de retraso encarece el transporte de productos agrícolas, limita la competitividad regional y expone a conductores y pasajeros a accidentes casi cotidianos. Se habla de responsabilidad compartida, pero el peso principal recae en un Estado que no planifica, no decide y no ejecuta. Exigir prudencia a los transportistas en una vía deteriorada es necesario, pero insuficiente cuando la infraestructura misma empuja al riesgo.
Huánuco no puede seguir escuchando el mismo discurso: que el mantenimiento “alcanza”, que el expediente “está en proceso”, que la intervención “se evaluará”. La carretera San Rafael–Tingo María no necesita más evaluaciones, necesita decisiones. Cada año perdido no solo deteriora el asfalto, erosiona también la confianza ciudadana en las instituciones.
La presencia de alcaldes, institutos viales y sociedad civil en la discusión evidencia una realidad incómoda para el Gobierno central: sin presión política sostenida, nada se mueve. El problema no es la falta de diagnósticos, sino la comodidad del retraso. Mientras Lima posterga, la región asume los costos económicos y sociales.
La pregunta ya no es cuándo se intervendrá la vía, sino cuánto más se tolerará que el abandono sea la regla. Si los próximos meses vuelven a cerrarse sin fechas, sin cronogramas y sin decisiones firmes, la carretera San Rafael–Tingo María seguirá siendo el reflejo más crudo de un Estado que llega tarde y responde a medias. Y esa es una factura que Huánuco lleva demasiado tiempo pagando.
