La carretera que une los distritos de Chinchao y San Pablo de Pillao fue anunciada como un proyecto clave para dinamizar la economía agrícola de la zona. Sin embargo, tras meses de retrasos, paralizaciones y un presupuesto que supera los ocho millones de soles, la obra permanece inconclusa y en medio de acusaciones de corrupción y negligencia. Pobladores afectados aseguran que la situación ya ha derivado en protestas y riesgo de accidentes viales.
Según explicó la alcaldesa de San Pablo de Pillao, Delia Verde Ponce, la población de su distrito inicialmente creyó que el financiamiento llegaba directamente a su municipio. No obstante, aclaró que la unidad ejecutora fue la Municipalidad Provincial de Huánuco, a la cual se transfirió el dinero desde el Ministerio de Economía y Finanzas. La autoridad distrital afirmó que muchas críticas y hasta acusaciones de robo en su contra se deben al desconocimiento de este hecho.
Presupuesto millonario en manos provinciales
De acuerdo con la versión de la alcaldesa, el presupuesto fue aprobado en 2023 tras la reformulación del expediente técnico validado por Provías. “El dinero fue transferido a la Municipalidad Provincial de Huánuco porque, según nos dijeron, no le compete a los distritos”, declaró. Verde Ponce insistió en que su gestión hizo más de quince viajes a Lima para exigir que los recursos se destinen al mantenimiento de la vía.
La obra, que debía ejecutarse en 139 días calendario por el consorcio Pachachupán, arrancó en agosto de 2024. Sin embargo, apenas avanzó cinco kilómetros y fue suspendida en dos ocasiones, la última en diciembre del mismo año. En ese periodo, según la alcaldesa, la transitabilidad de la carretera se deterioró al punto de volverse intransitable, lo que afecta directamente a transportistas y agricultores que dependen de la vía para llevar sus productos a los mercados locales.
La autoridad distrital cuestionó además que, pese a existir un contrato vigente y adelantos financieros ya entregados, no se hayan tomado acciones inmediatas. “El Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho claramente que el alcalde provincial puede reasignar fondos de su presupuesto común para culminar la obra, pero no se ha hecho”, señaló Verde Ponce.
Denuncias de estafa y obra fantasma
La regidora provincial de Huánuco, Sherly Morales Villanueva, interpuso en abril de este año una denuncia penal contra los responsables de la ejecución del proyecto. En conversación con este medio, Morales sostuvo que la obra es un caso claro de estafa al pueblo. “Se han pagado adelantos por más de dos millones de soles y lo que se observa en el tramo es un abandono total. Es prácticamente plata al agua”, afirmó.
Según Morales, el consorcio encargado incumplió plazos y paralizó los trabajos en varias oportunidades. El 28 de octubre de 2024 se firmó un acta de suspensión; luego, el 25 de noviembre, se reinició para volver a detenerse el 19 de diciembre. “De los 139 días de plazo, ya habían transcurrido 111, y ahora apenas les quedan 28 días. Es imposible que terminen en ese tiempo”, advirtió la regidora.
La funcionaria también cuestionó la falta de fiscalización técnica por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco y Provías. Según su denuncia, la carretera empezó a deteriorarse incluso antes de concluirse, lo que evidenciaría deficiencias en los materiales y la supervisión.
Tensión social y pérdida de confianza
El malestar ciudadano ha ido en aumento. De acuerdo con testimonios de autoridades locales, transportistas han planteado realizar protestas y hasta un paro en Huánuco para exigir la reactivación de la obra. La alcaldesa Verde Ponce indicó que ha buscado agotar el diálogo, reuniéndose con el alcalde provincial y su equipo técnico, pero aseguró que las respuestas han sido evasivas. “Se nos prometen fechas que nunca se cumplen y, mientras tanto, la población me responsabiliza injustamente”, dijo.
Morales, por su parte, afirmó que los incumplimientos no son simples retrasos administrativos, sino indicios de corrupción. “La empresa cobró adelantos, pero no ha cumplido con entregar avances reales. Esto constituye un perjuicio económico y una burla al pueblo”, expresó. En su denuncia, pidió a la Fiscalía investigar tanto a la empresa como a los funcionarios que permitieron estas irregularidades.
La situación ha generado desconfianza generalizada hacia las autoridades provinciales. Diversos líderes comunales han advertido que, si la obra no se reinicia en los próximos meses, organizarán nuevas medidas de fuerza.
Un contrato en riesgo y una población sin carretera
El futuro de la obra es incierto. Según lo declarado por la alcaldesa de San Pablo de Pillao, aún existen aproximadamente 2,4 millones de soles que deben ejecutarse, además del contrato vigente que obliga a la empresa a culminar el proyecto. Sin embargo, el retraso prolongado y la reversión de parte del presupuesto al tesoro público hacen temer que la carretera quede inconclusa.
“El contrato no se puede dejar a medias. Si ya hubo adelantos y un compromiso formal, lo mínimo es exigir que se cumpla. Nuestra población no puede seguir siendo burlada”, manifestó Verde Ponce.
Mientras tanto, los pobladores de Pillao y Chinchao continúan enfrentando una vía destruida y riesgos de accidentes, sin poder trasladar sus productos con normalidad. La regidora Morales remarcó que lo ocurrido es un ejemplo más de cómo las malas gestiones provinciales y la falta de transparencia terminan perjudicando a las comunidades rurales.
