Dieciocho familias del centro poblado de San José de Cozo, distrito de Margos, provincia de Huánuco, llevan más de ocho meses esperando ser indemnizadas por el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), tras ser afectadas por la ampliación a doble carril de una carretera de seis kilómetros valorizada en más de S/ 31 millones, ejecutada por el Gobierno Regional de Huánuco.
De acuerdo con dirigentes locales, la vía fue ampliada en esta zona debido a que se trataba de un tramo muy estrecho y de alto tránsito. Sin embargo, el proceso de compensación económica a los posesionarios no se ha concretado, pese a que los funcionarios del PACRI llegaron a la comunidad en enero para recopilar información y prometer pagos en tres partes.
Alva Nacila Pisango Pérez, presidenta de la Junta Directiva de San José de Cozo, declaró que hasta la fecha no existe “ninguna fecha ni monto definido de indemnización”. En sus palabras, la población reclama que la compensación sea previa a la intervención, pues no tienen un lugar alternativo de reubicación.
S/ 31 millones en medio de incertidumbre
La obra, ejecutada por un consorcio contratado por la región, registra actualmente un avance físico de entre el 45% y el 50%, según lo informado por dirigentes locales. El exalcalde David Gabriel Lucero indicó que, pese a este progreso, los 18 afectados aún no saben cuánto recibirán ni cuándo se concretará el pago.
El presupuesto de la obra supera los S/ 31 millones 349 mil, y fue adjudicado con un plazo de ejecución de ocho meses, ya vencido, de acuerdo con testimonios recogidos en la comunidad. La población cuestiona cómo se permitió iniciar los trabajos sin garantizar primero la indemnización correspondiente a quienes perderán sus viviendas y terrenos.
Exigen respuestas
Los dirigentes recordaron que en asamblea general realizada el 20 de abril, los pobladores acordaron no permitir el retiro de techos ni el desmantelamiento de viviendas mientras no exista compensación. Señalaron que la Dirección Regional de Transportes y el PACRI serían responsables de resolver este retraso, pero hasta la fecha no se ha brindado información oficial sobre la valorización de los predios ni el cronograma de pago.
Dato:
La comunidad advirtió que, de continuar la obra en estas condiciones, los afectados podrían recurrir a medidas de presión para defender sus derechos. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno Regional de Huánuco no había emitido pronunciamiento sobre la situación de las 18 familias.
