Salida de PMO Vías por corrupción sacude megaproyectos de S/ 12,300 millones. Provías Nacional mantiene acuerdo G2G con Francia, pero busca nueva asistencia técnica para evitar riesgos.
La continuidad de dos vitales megaproyectos viales, la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, valorados en más de S/ 12,300 millones, está en vilo. Provías Nacional resolvió el contrato con la empresa EGIS, operadora de PMO Vías, el pasado 3 de febrero, desatando una ola de incertidumbre y exigiendo una pronta reevaluación. Esta decisión genera un desafío significativo para las obras de infraestructura que benefician a millones de peruanos.
Según la investigación publicada por Caretas.pe, la controversia surge en torno a los proyectos gestionados bajo un acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia, un mecanismo adoptado por el Estado peruano desde 2020 para garantizar transparencia y eficiencia en obras de gran envergadura. Estos acuerdos buscan mitigar los riesgos asociados a la corrupción y agilizar la ejecución, crucial para el desarrollo de la infraestructura nacional.
Escándalo de Corrupción Retira a PMO Vías de Proyectos por S/ 12,300 Millones
El 3 de febrero, un oficio firmado por Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional, comunicó la resolución definitiva del contrato de asistencia técnica con EGIS, la empresa a cargo de la PMO Vías. Esta medida afecta directamente la supervisión y gestión de la Nueva Carretera Central, con una inversión estimada de S/ 11,500 millones (aproximadamente US$ 3,000 millones), y la Vía Expresa Santa Rosa, valorada en S/ 800 millones (casi US$ 200 millones), incluyendo el crucial puente Santa Rosa, acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. La decisión se tomó a pesar de que el G2G entre Perú y Francia, firmado en julio de 2020, se mantiene plenamente vigente, según aclaró Provías Nacional en un comunicado oficial, buscando mitigar la confusión inicial sobre una supuesta anulación bilateral.
¿Por qué Provías Nacional Actuó Drásticamente contra EGIS?
La determinación de Provías Nacional no fue arbitraria. Responde a severas alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo y a un historial de sanciones impuestas a empresas del grupo EGIS por un trío de organismos multilaterales clave: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Estas instituciones, pilares del financiamiento global, sancionaron a EGIS por prácticas fraudulentas y actos de corrupción documentados en proyectos desarrollados en otros países. Específicamente, EGIS Avia, una subsidiaria del grupo, reconoció actos de cohecho de funcionario público extranjero en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP), conductas que Provías considera equivalentes al delito de cohecho activo transnacional establecido en el Código Penal peruano, exponiendo al Estado a serios riesgos jurídicos si se mantenía el contrato. La sanción del Banco Mundial a empresas del grupo EGIS, por ejemplo, data de 2017, evidenciando un patrón problemático con más de 6 años de antelación al acuerdo G2G.
El Mecanismo G2G: Una Apuesta por la Transparencia y Eficiencia
Los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) representan una herramienta estratégica adoptada por Perú para garantizar la transparencia y celeridad en la ejecución de infraestructuras críticas. Su esencia es la contratación de un Estado extranjero para la asistencia técnica, reduciendo la exposición a la burocracia local y la corrupción, un flagelo que históricamente ha afectado a proyectos de gran envergadura en el país. El G2G con Francia, uno de los pocos activos de esta magnitud, fue diseñado para proyectos que son pilares del desarrollo nacional.
¿Corre Peligro la Culminación de Obras Estratégicas como la Nueva Carretera Central?
La resolución del contrato con EGIS, aunque Provías Nacional asegura la continuidad de los proyectos, genera legítima preocupación sobre los plazos y posibles sobrecostos. César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), advirtió en una reciente reunión en Palacio de Gobierno sobre “la necesidad de renegociar los contratos de manera responsable”. Candela enfatizó que las decisiones tomadas “no deben afectar la culminación de proyectos estratégicos”, como el vital Anillo Vial con acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya ha alertado sobre una presión presupuestal significativa, estimando en hasta S/ 50 mil millones la potencial sobrecarga financiera por proyectos sobredimensionados, lo que podría agravarse con retrasos o la renegociación. La Nueva Carretera Central, por ejemplo, aspira a reducir el tiempo de viaje desde Lima a Huancayo de 8-9 horas a tan solo 4-5 horas, beneficiando a más de 2 millones de personas en el centro del país.
Detalles de las Sanciones Internacionales y el Riesgo Legal para el Estado Peruano
La decisión de Provías Nacional se fundamenta en sólidos antecedentes internacionales. Los informes de los organismos multilaterales revelaron que EGIS Avia reconoció prácticas indebidas, lo que para la legislación peruana equivale al delito de cohecho activo transnacional. Mantener una relación contractual con una entidad con dicho historial habría expuesto al Estado peruano a considerables riesgos jurídicos y potenciales responsabilidades funcionales para los servidores públicos involucrados. Esta no es una situación menor, pues implica proteger la reputación y las finanzas públicas frente a empresas cuestionadas por falta de probidad ética en múltiples jurisdicciones.
Provías Nacional Reafirma Continuidad y Espera Nueva Propuesta Francesa en 2024
Pese a la tensión, Provías Nacional ha sido enfático en que la ejecución de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa proseguirá su programación prevista para el presente año 2024. La entidad ya ha solicitado formalmente a la Embajada de Francia la propuesta de una nueva empresa que cumpla no solo con los rigurosos estándares técnicos, sino también con la indispensable solvencia ética requerida para asegurar la viabilidad de estas obras maestras de infraestructura. Se espera que la construcción de la Nueva Carretera Central, proyectada para iniciarse en 2025 y culminar en 2031, no sufra demoras significativas por este cambio de PMO, buscando evitar un impacto negativo de hasta 2 años adicionales.
¿Qué Sigue Ahora para la Infraestructura Peruana y la Credibilidad de los Acuerdos G2G?
La pelota está ahora en la cancha de la Embajada de Francia, que tiene la tarea de presentar una propuesta de asistencia técnica que garantice la idoneidad y la reputación intachable de la nueva PMO. La rapidez y la calidad de esta nueva elección serán cruciales para disipar las dudas y asegurar que proyectos tan estratégicos para regiones como Huánuco, Junín y Pasco no sufran mayores retrasos. Este episodio pone a prueba no solo la resiliencia del Estado peruano, sino también la eficacia y la credibilidad futura de los acuerdos G2G como mecanismos para impulsar el desarrollo sin caer en los vicios de la corrupción. La sociedad civil y los sectores productivos están atentos a cada paso, esperando que se honren los compromisos y que el beneficio de estas obras no se vea truncado.
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