En un contexto de creciente controversia política, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reveló que la Policía Nacional del Perú (PNP) sigue buscando activamente a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Según declaraciones recogidas por Camila Calderón para Infobae, la única instrucción directa de la mandataria al despacho de Interior es garantizar que la PNP cumpla con su labor. Sin embargo, los detalles de esta persecución y las afirmaciones del ministro abren interrogantes sobre la efectividad y las implicancias políticas de estas órdenes.
La búsqueda de los prófugos más buscados
Juan José Santiváñez insistió en que, antes de la medida de prisión preventiva dictada contra Nicanor Boluarte, la PNP ya había implementado vigilancia en sus propiedades y en las de otros investigados. Sin embargo, pese a estas acciones, el hermano de la presidenta logró escapar, dejando en evidencia posibles falencias operativas.
En el caso de Vladimir Cerrón, quien lleva prófugo desde octubre de 2023 tras ser condenado a prisión por el caso “Aeródromo Wanka”, las operaciones policiales tampoco han dado resultados. Según Santiváñez, en los últimos meses se han intervenido seis propiedades asociadas al líder de Perú Libre, pero su captura sigue siendo esquiva.
Declaraciones y tensiones políticas
Durante una entrevista con Punto Final, el ministro Santiváñez negó vínculos personales con Nicanor Boluarte y rechazó haber recomendado a su abogado, Luis Vivanco. Asimismo, aseguró que las acciones de la PNP son independientes de cualquier influencia política y que su único objetivo es cumplir con la ley. “La Policía está cumpliendo con su trabajo”, afirmó, destacando que las instrucciones de la presidenta han sido claras en promover la captura tanto de Nicanor como de Cerrón.
No obstante, estas declaraciones no han disipado las críticas. Sectores de la oposición y expertos en seguridad cuestionan la efectividad de las operaciones policiales y la aparente incapacidad para dar con el paradero de ambos prófugos. Además, los vínculos entre Cerrón y ciertos grupos políticos añaden una capa de complejidad al caso.
Redes de apoyo y fugas estratégicas
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, indicó que su cliente desapareció durante una audiencia relacionada con el caso “Los Waykis en la Sombra”, lo que refuerza la hipótesis de que la fuga fue planificada. Según Vivanco, Nicanor considera su detención como un acto arbitrario y políticamente motivado.
En el caso de Cerrón, informes recientes del noticiero 24 Horas sugieren que fue visto en Pucallpa, acompañado por una congresista. Pese al despliegue de inteligencia, no se logró capturarlo. Por su parte, Henry Shimabukuro, exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), declaró que Cerrón podría estar ocultándose en la selva central, una región donde mantiene conexiones políticas y sociales significativas.
Dudas sobre la efectividad de la PNP
La aparente facilidad con la que Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón evaden a las autoridades ha generado críticas sobre la capacidad operativa de la PNP. Especialistas en seguridad advierten que la falta de resultados puede deberse a factores internos, como filtraciones de información o insuficiente coordinación entre las unidades encargadas de las capturas.
Además, las declaraciones de Santiváñez, recogidas por Camila Calderón para Infobae, revelan que la PNP no solo enfrenta desafíos logísticos, sino también presiones políticas que complican su desempeño. Estas tensiones internas podrían estar afectando la capacidad de la policía para actuar de manera eficaz e imparcial.
Implicancias políticas y percepción pública
El caso de estos prófugos refleja las complejas relaciones entre las instituciones del Estado y los intereses políticos que las rodean. La insistencia del ministro en desvincularse de decisiones polémicas y en resaltar la autonomía de la PNP contrasta con las críticas de sectores que perciben una instrumentalización de las fuerzas de seguridad para proteger a figuras del gobierno.
Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta al desenlace de estas persecuciones. La captura de Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón no solo sería un triunfo para la justicia, sino también un mensaje claro sobre la voluntad del gobierno de combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.
En palabras de un analista consultado por Infobae: “Este caso no solo pone a prueba la capacidad operativa de la PNP, sino también la credibilidad de las instituciones en un contexto político altamente polarizado”.
Conclusión: entre la justicia y las dudas
La orden de captura emitida por Dina Boluarte, según las declaraciones del ministro Santiváñez, representa un intento por demostrar firmeza en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la falta de resultados concretos en ambas operaciones refleja los desafíos estructurales que enfrenta la PNP, desde limitaciones logísticas hasta posibles presiones políticas.
En este contexto, el futuro de estas investigaciones será crucial para determinar si el gobierno puede cumplir con sus compromisos de transparencia y justicia. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras y acciones efectivas que refuercen la confianza en las instituciones democráticas del país.
