A cinco días de las elecciones, la candidatura de Luis Picón (ARI) está en incertidumbre. El ex presidente regional no declaró la sentencia que se le aplicó por incumplimiento de deberes funcionales y el JEE de Huánuco determinará si es causal para excluirlo de la contienda electoral.
El ciudadano José Valdez Barrueta presentó al JEE Huánuco la sentencia conformada n.° 36-2017 que dispone la reserva del fallo condenatorio para Picón y sus exfuncionarios Lizardo Lazo Pacheco, Abel Terry Egúsquiza y el exvicepresidente Jhony Miraval Venturo por no realizar la transferencia de la gestión del Gorehco a Rubén Alva.
Sentencia
Picón delegó a Miraval, Lazo y Egúsquiza para transferir la gestión, pero nunca entregaron la administración a la gestión de Rubén Alva hasta el 31-12-14.
Admitiendo el delito, Picón y compañía se acogieron al beneficio de la conclusión anticipada y llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público por lo que el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal los sentenció a once meses con reserva de fallo condenatorio (período de prueba) siguiendo reglas de conducta y pago de una reparación civil de S/2000 y 45 días multa.
Descargo
El JEE Huánuco corrió traslado al personero del ARI, quien, el sábado, presentó su descargo alegando que la sanción penal contra Picón no está vigente y no contraviene las normas electorales.
Señala que la sanción penal contra su candidato a gobernador concluyó el 29 de abril del 2018 pues el fallo de reserva condenatorio de la sentencia fue por 11 meses de periodo de prueba, cuyo cómputo se efectuó desde el 29 de mayo de 2017, desde la emisión de la sentencia.
Dice que, cumplido el periodo de prueba, las reglas de conducta y el pago de la reparación civil “queda automáticamente sin efecto” el registro especial del fallo judicial. Agrega que el tipo penal y la modalidad del fallo condenatorio contra Picón no está dentro de los impedimentos para ser candidato establecido en el artículo 14 de la Ley de Elecciones Regionales.
Además, señala que el JEE Huánuco ya no tiene competencia para pronunciarse sobre tachas o exclusiones porque el plazo para hacerlo venció el 31 de agosto y el JNE ya no puede resolver exclusiones desde el 7 de setiembre.
