El aumento del cáncer de estómago en el Perú es un reflejo preocupante de lo que se ha convertido en un problema de salud pública ligado a la contaminación ambiental. Detrás de cada diagnóstico hay una cadena de causas que se originan en el campo y en las ciudades: verduras cultivadas con exceso de agroquímicos, agua distribuida a través de tuberías de asbesto con más de seis décadas de antigüedad y un sistema de control sanitario que mide lo mínimo y oculta lo esencial.
En Huánuco, los informes de calidad del agua destacan valores correctos en cloro residual, pH, turbiedad y conductividad. A simple vista, parecería que el servicio cumple con los estándares. Pero esos datos no muestran toda la verdad. No se mide la presencia de sustancias que, aunque invisibles, están dañando la salud de miles de personas. Entre ellas figuran los PFAS —usados en la industria textil—, los metales pesados provenientes de tuberías antiguas, los microplásticos, los trihalometanos generados por la cloración excesiva y los residuos de fertilizantes agrícolas que terminan en los ríos.
La evidencia científica ha demostrado que la exposición prolongada a estos compuestos puede alterar las células del estómago y aumentar el riesgo de cáncer. A pesar de ello, las instituciones supervisoras insisten en que se cumple con los parámetros legales, aunque esos mismos parámetros estén desactualizados frente a los nuevos contaminantes del siglo XXI. En otras palabras, el país sigue aplicando normas diseñadas para una realidad que ya cambió.
El problema no se limita al agua. En los campos agrícolas, los fertilizantes y plaguicidas son utilizados sin control técnico, contaminando tanto el suelo como las fuentes subterráneas. Los productos llegan a los mercados sin una fiscalización real sobre su contenido químico. Al final, el consumidor compra alimentos que parecen saludables pero que, en silencio, acumulan en su organismo restos de sustancias cancerígenas.
La ausencia de una política seria para reemplazar las redes de asbesto, la falta de información pública sobre contaminantes modernos y el desinterés de las autoridades forman un cóctel peligroso que amenaza a generaciones enteras. El Estado no puede seguir limitándose a publicar cifras parciales y certificados de cumplimiento normativo que solo sirven para tranquilizar en lugar de proteger.
Mientras la respuesta institucional no llega, la ciudadanía debe asumir un papel más activo. Exigir transparencia, informarse sobre la calidad del agua que consume, utilizar filtros domésticos y apoyar la agricultura local libre de químicos son pasos que pueden marcar la diferencia. Cuidar la salud de nuestras familias no debería depender únicamente del Estado, sino también de la conciencia colectiva. La lucha contra el cáncer empieza en casa, con agua limpia, alimentos seguros y ciudadanos vigilantes.
