La crisis humanitaria en Darfur, Sudán, alcanza un nuevo y escalofriante punto crítico con el asesinato de personal médico en el campo de Zamzam, un acto que subraya la devastación que asola la región. El campo, que alberga a medio millón de personas, ya de por sí vulnerable por la hambruna y el asedio, ha sido escenario de una violencia extrema perpetrada por fuerzas paramilitares.
Según la investigación publicada por The New York Times, el ataque al campo de Zamzam, situado en la asediada ciudad de El Fasher, destaca incluso dentro del contexto de una guerra civil marcada por incontables atrocidades y acusaciones de genocidio.
Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) irrumpieron en el perímetro del campo el viernes por la noche, tras horas de intensos bombardeos. Acto seguido, procedieron a la destrucción sistemática de centenares de viviendas y el mercado principal del campo, antes de dirigir su ataque final contra la última clínica médica operativa.
Relief International, la organización humanitaria encargada de la gestión de la clínica, confirmó la muerte de nueve de sus empleados, incluyendo al médico jefe. En un comunicado emitido el sábado, la organización expresó su consternación ante este «suceso impensable», describiéndolo como una «profunda tragedia». La situación en El Fasher se agrava con el desplazamiento masivo de civiles buscando refugio de los combates, poniendo aún más presión sobre los escasos recursos disponibles.
Kashif Shafique, director de la organización en Sudán, reveló en una entrevista telefónica que los trabajadores humanitarios – cinco médicos y cuatro conductores, la totalidad del personal de la clínica – fueron ejecutados a tiros. Esta acción se produce en un contexto donde la ayuda humanitaria se ve sistemáticamente obstaculizada, con ataques deliberados a instalaciones médicas y personal sanitario.
Shafique añadió que los paramilitares habían advertido a los médicos el día anterior al ataque, instándoles a abandonar la zona. Sin embargo, el personal médico se vio en la obligación de atender a los civiles heridos por los bombardeos y, además, las principales rutas de salida del campo permanecían bloqueadas. La impunidad con la que operan estos grupos armados, junto con la falta de protección para la población civil, alimenta un ciclo de violencia y desesperación que amenaza con desestabilizar aún más la región.
