En las alturas de Huamagaga, en Conchamarca, los campesinos enfrentan una problemática histórica que continúa vigente: la falta de titularidad de sus tierras. Esta situación afecta directamente al valle de Pillco y otras zonas rurales de Huánuco, donde los terrenos, en su mayoría, carecen de documentación formal, dejando a las comunidades vulnerables.
La raíz del conflicto se encuentra en la Reforma Agraria implementada hace más de seis décadas por el general Juan Velasco Alvarado. Este proceso transformó profundamente la estructura agraria del país, transfiriendo tierras de grandes hacendados a los campesinos que las trabajaban. El lema “ya no más abusos” sintetizaba el espíritu de la reforma, que buscaba otorgar justicia y derechos a los trabajadores del campo. En su momento, las comunidades campesinas, como Andabamba, Villa y Coto, se establecieron en grandes lotes, pero las cooperativas formadas durante ese tiempo se desintegraron con los años, dejando las tierras en un estado de incertidumbre legal.
En la actualidad, el conflicto se ha intensificado debido a las invasiones de terrenos en zonas como Angarragra y Villa y Coto. Los invasores, en muchos casos hijos y nietos de los beneficiarios originales de la Reforma Agraria, buscan apropiarse de parcelas con la intención de venderlas, a menudo en complicidad con traficantes de tierras. Este fenómeno refleja un cambio generacional donde la conexión con la tierra ha disminuido. Los descendientes han adoptado estilos de vida urbanos, y solo una minoría continúa trabajando el campo.
Frente a esta situación, los dirigentes de las comunidades afectadas han alzado su voz para exigir al Ministerio de Agricultura y al gobierno regional una solución inmediata. La titularidad es clave para garantizar la estabilidad y protección de estas tierras, así como para impedir que caigan en manos de traficantes. Sin embargo, la burocracia sigue siendo un obstáculo significativo. Campesinos han denunciado que los trámites se prolongan durante años, mientras los conflictos internos y las divisiones en las comunidades dificultan el avance de las gestiones.
Es urgente que las autoridades prioricen este tema y actúen con determinación. La formalización de la titularidad no solo permitirá a más de 150 familias proteger sus tierras, sino que también promoverá el desarrollo sostenible en estas áreas rurales. Además, será una herramienta clave para frenar el comercio ilegal de terrenos y preservar la integridad de las comunidades campesinas.
