Este martes 6 de enero se realizará la juramentación de una nueva directiva del Colegio de Abogados de Huánuco para el periodo 2026–2027, acto que formaliza el relevo en la conducción del gremio profesional. La ceremonia está programada para las 10:00 de la mañana en el auditorio Luciano Benjamín Cisneros Jr., ubicado en el jirón 28 de Julio N.° 1360, interior B, en la ciudad de Huánuco.
De acuerdo con la información oficial difundida por el Colegio de Abogados de Huánuco, el acto protocolar estará a cargo del decano saliente, Hernán Cajusol Chepe, quien tomará juramento al nuevo decano, Handhy Amadeo Cruz Jaramillo, así como a los integrantes de la Junta Directiva electa. El cambio de autoridades se produce luego de las elecciones internas desarrolladas en diciembre del año pasado, cuyos resultados fueron definidos por una diferencia ajustada, según señalaron representantes del propio gremio.
Cambio de conducción tras elecciones internas ajustadas
El inicio de la nueva gestión se da en un contexto marcado por una competencia electoral cerrada al interior de la orden profesional. Aunque no se han difundido cifras oficiales del proceso electoral, desde el entorno institucional se indicó que la diferencia entre las listas participantes fue mínima, situación que plantea un escenario de retos para la conducción gremial en términos de cohesión y gobernabilidad interna.
Desde la institución se ha señalado que la ceremonia de juramentación busca garantizar la continuidad administrativa y funcional del Colegio, así como ratificar su rol en la representación de los abogados de la región. Según la información institucional, la nueva directiva asume funciones con la responsabilidad de mantener los servicios gremiales y la interlocución del Colegio con las instancias del sistema de justicia y otras entidades públicas.
En ese marco, el relevo de autoridades no solo implica un cambio formal de mando, sino también el inicio de una etapa en la que la directiva entrante deberá consolidar su legitimidad ante los agremiados, considerando el escenario previo de votación estrecha y las expectativas internas generadas tras el proceso electoral.
Balance de gestión presentado por el decano saliente
En la antesala de la ceremonia, el decano saliente, Hernán Cajusol Chepe, brindó declaraciones sobre el balance de su gestión correspondiente al periodo 2024–2025. Según indicó, su administración tuvo resultados que calificó como positivos, los cuales organizó en dos ámbitos: la gestión interna del Colegio y las acciones de alcance regional y nacional desarrolladas durante su mandato.
De acuerdo con sus declaraciones, en el plano interno se priorizaron acciones vinculadas al bienestar de los agremiados, como apoyos en casos de salud, seguridad social, fallecimientos y situaciones consideradas críticas. Cajusol Chepe precisó que varias de estas intervenciones no fueron difundidas públicamente por criterios de reserva, aunque aseguró que existen registros administrativos de los recursos destinados a estos fines.
Asimismo, señaló que su gestión impulsó actividades de capacitación académica, tanto presenciales como virtuales, además de la suscripción de convenios con instituciones académicas nacionales e internacionales. Estas acciones, según manifestó, estuvieron orientadas a fortalecer la formación profesional de los abogados colegiados.
Obras, recursos y propuesta legislativa gremial
Respecto a la situación económica, Cajusol Chepe afirmó que recibió la institución con una disponibilidad aproximada de 80 mil soles y que, durante su gestión, se ejecutaron obras como el cerco perimétrico del centro recreacional del Colegio, en dos etapas, con una inversión cercana a los 200 mil soles. Indicó que queda pendiente una tercera etapa y que deja un fondo de 264 mil soles para su continuidad, además de mejoras como la instalación de cámaras de seguridad y acondicionamiento de ambientes.
Finalmente, el decano saliente informó sobre la presentación de un Proyecto de Ley de la Abogacía Peruana ante el Congreso de la República. Según explicó, la iniciativa busca regular el ejercicio profesional, fortalecer normas deontológicas y derechos como el secreto profesional, así como promover la colegiatura obligatoria y el control de habilitación de abogados en el sector público. Estas propuestas, por su alcance, podrían generar debate en los ámbitos jurídico y político.
