La Cámara de Comercio e Industria de Huánuco expresó su respaldo al Ilustre Colegio de Abogados de esta región, tras la presentación de una denuncia penal contra el director ejecutivo de Provías Nacional, David Mayorga Lizárraga, por presunto abandono de funciones frente al deterioro crítico de la Carretera Central. La denuncia también alcanza a los funcionarios que resulten responsables por la falta de ejecución de acciones pese a la declaratoria de emergencia.
El presidente de la Cámara, Miguel Berrospi, manifestó que el respaldo se basa en el conocimiento técnico-jurídico del gremio legal, el cual —según indicó— ha identificado incumplimientos concretos por parte del Gobierno Central en los plazos y compromisos establecidos. “¿Qué mejor que el Colegio de Abogados, que sí conoce el marco legal, para formalizar lo que ya venimos reclamando hace años?”, declaró.
El pronunciamiento del gremio empresarial se dio en medio de un contexto de creciente malestar regional por la falta de intervención real en los tramos Chicrín–Ambo, Puente Rancho–Km 65 y Huánuco–Tingo María, vías clave para el tránsito comercial, productivo y ciudadano del centro del país.
Varios tramos de la carretera central han sido catalogados como zonas de alto riesgo por fallas geológicas, baches profundos, hundimientos e interrupciones recurrentes del tránsito. Según el Colegio de Abogados, el incumplimiento de los plazos para la intervención de Provías constituye un acto omisivo que pone en peligro la vida de transportistas y pasajeros.
Soluciones a la crisis vial
La denuncia, según informó el Colegio de Abogados de Huánuco, se sustenta en la presunta omisión de funciones por parte de Provías Nacional, pese a que el pasado 1 de agosto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró oficialmente en emergencia la Carretera Central. De acuerdo con el decano del Colegio, Hernán Cajusol Chepe, no se han cumplido los plazos ni se ha iniciado obra alguna, lo cual estaría poniendo en riesgo la vida de transportistas y pasajeros.
En esa línea, el presidente de la Cámara advirtió que las condiciones climáticas jugarán ahora en contra. “Prácticamente este año ya lo tenemos perdido. Se viene el invierno, las lluvias, y ninguna intervención mayor será posible hasta marzo o abril del próximo año”, sostuvo Berrospi, quien consideró que la presión legal contribuirá a que las autoridades “respeten los compromisos asumidos”.
La situación ha generado una fuerte preocupación entre empresarios, comerciantes y gremios logísticos, quienes consideran que el abandono de la Carretera Central representa no solo un riesgo físico para los usuarios, sino también un freno estructural al desarrollo económico de la región.
“Se nos exige formalización, productividad, exportación, certificación de calidad… pero no tenemos la herramienta básica: una vía funcional. Sin conectividad, no hay competitividad”, sostuvo.
Piden respuestas al Gobierno Central
El respaldo de la Cámara de Comercio se enmarca en un esfuerzo de articulación con otros gremios y organizaciones civiles, con el objetivo de consolidar una presión multisectorial ante la inacción prolongada del Estado. “La demanda del Colegio de Abogados puede marcar un antes y un después.
Desde el empresariado respaldamos ese camino legal para exigir respuestas claras”, añadió Berrospi.
Desde el punto de vista del gremio empresarial, la falta de mantenimiento adecuado y la nula ejecución de obras en la vía central está provocando graves pérdidas económicas, accidentes viales, hundimientos y desconexión logística, lo que a su vez desincentiva la inversión, limita la formalización de emprendedores y perjudica la competitividad de toda la región.
Dato
La Cámara de Comercio no es el único actor que ha expresado respaldo a la medida legal. De acuerdo con Berrospi, otros sectores como la sociedad civil, gremios productivos y organizaciones regionales han iniciado coordinaciones para consolidar un frente común de exigencia al Ejecutivo. “Ya está demostrado que los reclamos individuales no son suficientes. Necesitamos articularnos. Esta denuncia es el primer paso para lograr que el Estado responda con hechos, no con más discursos”, agregó.
