Burocracia y escaso gasto público limitan el PBI de Huánuco, alerta Cámara de Comercio

El gerente económico de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, Vladimir Santiago, advirtió que la excesiva burocracia y la limitada capacidad de gasto público continúan obstaculizando el crecimiento económico de la región. Según manifestó, este escenario se refleja en la baja contribución del gasto gubernamental al Producto Bruto Interno (PBI) local.


Santiago recordó que en 2018 se presentó una investigación que señalaba que el gasto público en Huánuco, que alcanzaba un promedio de 60% de ejecución presupuestal, solo lograba contribuir entre 25% y 30% al PBI regional. De acuerdo con su análisis, si se alcanzara una efectividad del 80% o 90%, la economía local podría experimentar un crecimiento superior al actual 4.5%, llegando incluso a niveles de 6% o 7%.


Problemas estructurales y trabas administrativas
El representante empresarial explicó que los procedimientos en el sector público son complejos y que la burocracia genera demoras significativas, especialmente en proyectos cuya legalidad o viabilidad técnica está en revisión. Asimismo, comentó que, en muchos casos, la falta de empresas calificadas retrasa licitaciones clave, como ocurrió en la carretera Huánuco–Tingo María.


Respecto al nivel actual de ejecución presupuestal, Santiago consideró que debería situarse entre el 55% y 60%, sin embargo, precisó que los indicadores se encuentran por debajo de lo esperado, situación que calificó como “una preocupación compartida” entre los tomadores de decisiones.


Además, señaló que el compromiso de recursos hacia fin de año, práctica frecuente en varias regiones, puede derivar en problemas de eficiencia y calidad en la ejecución de proyectos. A modo de ejemplo, mencionó que en Ayacucho se comprometieron recursos a último momento, lo que generó críticas de especialistas.


Llamado a colegios profesionales y fortalecimiento técnico
El gerente económico también destacó la necesidad de una participación más activa de los colegios profesionales para evaluar y supervisar la conveniencia de los proyectos públicos. Según afirmó, antes de 2006 existían veedurías ciudadanas que permitían un mayor control social en las compras y contrataciones públicas.


Santiago cuestionó el silencio de los colegios profesionales en sectores sensibles como salud y educación, y consideró que esta falta de posicionamiento podría interpretarse como un signo de complicidad o pasividad frente a deficiencias técnicas y administrativas.