A pocas semanas de las fiestas navideñas, el anuncio del bono extraordinario de S/1.700 para congresistas y trabajadores del Parlamento ha generado un amplio debate en la opinión pública. Según el informe de Narda Saavedra para La República, este beneficio, que supera el sueldo mínimo en Perú, ha sido justificado por varios legisladores con argumentos que van desde su antigüedad como derecho adquirido hasta su uso para fines sociales. Sin embargo, el descontento ciudadano crece en un contexto de crisis económica y desconfianza hacia la clase política.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmó la entrega de este bono, explicando que se trata de un acuerdo vigente por años. A pesar de ello, las críticas no han tardado en surgir, especialmente considerando que el Congreso es una de las instituciones con menor aprobación en el país. Legisladores como Kathy Ugarte, Luis Ángel Aragón y Alejandro Cavero se han pronunciado al respecto, defendiendo su percepción del bono como un beneficio legítimo.
Un bono con décadas de historia
La congresista Kathy Ugarte (Bloque Magisterial) argumentó que el bono navideño no es nuevo, destacando que su entrega tiene más de tres décadas de vigencia. «El bono se está dando desde que ingresamos y desde hace 30 años, me parece. Considero que debería responder la Mesa Directiva», señaló desde Cusco. Ugarte, al igual que otros parlamentarios, evitó asumir responsabilidad directa por el beneficio, remitiendo el tema a acuerdos pasados entre sindicatos y el Congreso.
Por su parte, María del Carmen Alva apeló a la historia del bono para justificarlo, mencionando que inicialmente se entregaba en forma de canastas navideñas. Según explicó, la transición hacia un monto monetario fue resultado de una negociación colectiva para que los beneficiarios pudieran disponer del dinero según sus necesidades.
Aunque estas explicaciones apuntan a la legitimidad del bono, críticos sostienen que mantener este tipo de beneficios en un contexto de austeridad económica y crisis política resulta contraproducente y erosiona aún más la confianza ciudadana en el Congreso.
¿Uso social o beneficio personal?
El congresista Luis Ángel Aragón (Acción Popular) defendió la asignación, argumentando que el dinero se destina a campañas sociales durante las festividades. “No solo con bonos, sino con otros ingresos, hacemos campañas sociales y navideñas. Esto incluye pedidos de colegios, impresoras, computadoras y regalos”, indicó a La República.
Aragón presentó el bono como un medio para devolver a la comunidad parte de los recursos asignados, una postura compartida por otros legisladores que aseguran usar este ingreso adicional para ayudar a sus electores. Sin embargo, estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo, ya que no existe un mecanismo formal para supervisar el uso de estos fondos.
Alejandro Cavero, por su parte, destacó que el bono es resultado de convenios colectivos con los sindicatos del Congreso y no una decisión directa de los legisladores. “Los convenios colectivos con los trabajadores no son fruto de la aprobación de los congresistas”, afirmó. Sin embargo, su respuesta se tornó tensa al ser consultado si él renunciaría al bono, refiriéndose a esta posibilidad como “demagogia”.
El dilema ético y la percepción ciudadana
La entrega de un bono adicional a los congresistas en un contexto de crisis económica no pasa desapercibida. Según encuestas recientes, el Congreso es percibido como una de las instituciones con menor credibilidad en el Perú, y beneficios como este alimentan la narrativa de una clase política desconectada de la realidad.
“Mientras miles de peruanos luchan por cubrir necesidades básicas, un bono que excede el sueldo mínimo parece desproporcionado y poco ético”, señaló el analista político Víctor Rojas. Para Rojas, aunque el bono sea legal, su pertinencia moral es cuestionable.
Organizaciones ciudadanas y especialistas han señalado que este tipo de beneficios deberían transparentarse y justificarse con claridad. De lo contrario, refuerzan la percepción de que los parlamentarios disfrutan de privilegios excesivos frente a una población que enfrenta condiciones económicas adversas.
La responsabilidad de la Mesa Directiva
La congresista Ugarte señaló a la Mesa Directiva como responsable de responder por la entrega del bono, una postura que ha sido respaldada por varios de sus colegas. Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha evitado declaraciones extensas al respecto, limitándose a confirmar que el bono responde a acuerdos sindicales preexistentes.
Esta falta de claridad sobre la responsabilidad directa del beneficio ha generado confusión. “La transparencia no solo implica explicar el origen de estos bonos, sino también justificar por qué persisten en contextos tan sensibles como el actual. La Mesa Directiva tiene el deber de rendir cuentas de manera proactiva”, indicó la experta en gobernanza pública Claudia Ramírez.
Una oportunidad para el cambio
El debate sobre el bono navideño pone de manifiesto la necesidad de revisar los beneficios económicos otorgados a funcionarios públicos, especialmente en instituciones como el Congreso. Si bien los legisladores han argumentado que el bono es un derecho adquirido, la desconexión entre estos argumentos y la realidad que vive la ciudadanía sigue siendo evidente.
En última instancia, el bono navideño de S/1.700 para congresistas no solo representa una cuestión de recursos económicos, sino también de confianza pública. En un país marcado por la desconfianza hacia sus instituciones, decisiones como esta pueden reforzar las percepciones negativas o servir como punto de partida para un debate más amplio sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.
Como concluye el informe de Narda Saavedra para La República, este tema no solo refleja las tensiones entre tradición y cambio, sino también la urgencia de abordar de manera crítica los privilegios que, aunque legales, pueden resultar moralmente cuestionables en el contexto actual.
