Durante una actividad oficial en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en Chorrillos, la presidenta Dina Boluarte volvió a responsabilizar al Ministerio Público por el incremento de la criminalidad en el país, sin hacer mención a las decisiones del propio Ejecutivo que han sido objeto de críticas por facilitar la impunidad.
Acompañada por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, Boluarte instó a la ciudadanía a dirigir su malestar hacia la Fiscalía, indicando que no es el Ejecutivo quien debe ser cuestionado. “La seguridad de los peruanos es de todos, no solamente del Ejecutivo. Si hay que reclamar que no se está actuando, no es al Ejecutivo. Vayamos al Ministerio Público a reclamar”, declaró.
La presidenta sostuvo que su Gobierno ha cumplido con transferir recursos a la Policía Nacional para enfrentar a la delincuencia, y acusó al Ministerio Público de liberar a los capturados. Sin embargo, omitió referirse a la reducción presupuestaria aplicada a la Fiscalía, que ha limitado su capacidad de respuesta frente a delitos como la extorsión.
Tampoco se pronunció sobre leyes impulsadas o promulgadas durante su gestión, como las modificaciones a la Ley contra el crimen organizado o la cuestionada “Ley de impunidad”, que dificultan el trabajo del sistema judicial para retener a los criminales.
De acuerdo con el inciso 4 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, corresponde al presidente de la República “velar por el orden interno”. Pese a ello, la mandataria parece desentenderse de esa responsabilidad directa en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Distintos sectores han cuestionado el llamado de Boluarte a protestar contra otra institución del Estado, al considerar que esa actitud contribuye a profundizar la descoordinación entre poderes y el debilitamiento de la institucionalidad democrática.
