La presidenta Dina Boluarte ha decidido emprender una peligrosa estrategia de confrontación con el Ministerio Público y la prensa, pero lo que más preocupa no es solo su retórica incendiaria, sino sus acciones que parecen destinadas a encubrir irregularidades dentro de su Gobierno.
Previo a sus recientes declaraciones contra la fiscalía, el país fue testigo de un escándalo grave: el ministro del Interior, Víctor Torres, fue entrevistado en un programa nacional donde, de manera sorpresiva, reveló tener información clasificada de la misma producción periodística que lo entrevistaba. ¿Cómo obtuvo este material? Esa es la gran pregunta que hasta ahora no tiene una respuesta clara ni legal.
El hecho es grave, pues sugiere una posible filtración o acceso irregular a información confidencial, lo que socava gravemente la institucionalidad y pone en entredicho el respeto a la libertad de prensa. En cualquier país donde prime el respeto a la legalidad, este escándalo habría sido motivo suficiente para que el ministro sea separado del cargo y se inicie una investigación profunda. Pero en Perú, la respuesta de la presidenta Boluarte fue otra: en lugar de tomar medidas correctivas, optó por proteger a su ministro enviándolo fuera del país a un evento internacional, en lo que se percibe claramente como un intento de sacarlo del ojo público hasta que la polémica se diluya.
Este accionar no solo muestra una falta de transparencia alarmante, sino que también evidencia el uso del poder para encubrir a sus allegados. Mientras tanto, en un giro aún más preocupante, Boluarte ha intensificado sus ataques contra el Ministerio Público y la prensa, desviando la atención de lo verdaderamente importante: la corrupción y la falta de ética en su gestión.
La presidenta, en lugar de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia, ha optado por deslegitimar a quienes investigan y denuncian. Al calificar el accionar del Ministerio Público como un “golpe de Estado” sin presentar pruebas concretas y al confrontar a los medios de comunicación que revelan irregularidades, Boluarte está minando la democracia y erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.
Es claro que el Perú necesita un Gobierno que actúe con honestidad y responsabilidad, no uno que se escude en la confrontación para encubrir escándalos. La prensa tiene el deber de informar y el Ministerio Público la función de investigar. En vez de atacar estos pilares fundamentales de la democracia, la mandataria debería responder con transparencia y dar explicaciones sobre el accionar de su ministro del Interior.
La estrategia de Boluarte es peligrosa. Si no rectifica, quedará claro que su administración no solo es incapaz de gobernar con transparencia, sino que además se ha convertido en un obstáculo para la institucionalidad democrática.
