En el último día de plazo, el Ejecutivo promulgó la Ley N.º 32434, más conocida como “Ley Chlimper 2.0”, que restituye beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras. La norma, publicada en El Peruano durante la noche, otorgará ventajas fiscales que representan un costo de S/20.000 millones para el Estado en los próximos diez años, según cálculos oficiales.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendió la medida afirmando que no se trata de una exoneración total, sino de un esquema que mantiene el pago del Impuesto a la Renta con una tasa reducida. El titular del sector sostuvo ante la Comisión de Presupuesto que este incentivo generará más inversión, empleo formal y competitividad internacional. Recordó que las agroexportaciones pasaron de US$680 millones en el año 2000 a más de US$12.000 millones en 2024, en gran parte bajo regímenes con beneficios similares.
Sin embargo, especialistas y gremios sindicales advirtieron que la norma reproduce un modelo que en dos décadas no mejoró las condiciones laborales en el campo. Organizaciones como Fentagro y Conveagro señalaron que la ley favorece a los grandes conglomerados agroexportadores, mientras los pequeños productores continúan enfrentando precariedad, informalidad y contratos temporales que afectan al 94% de los trabajadores agrarios.
Los críticos calificaron la norma como un “regalo fiscal”, al considerar que los beneficios tributarios no garantizan mejoras estructurales en el agro ni en la vida de miles de familias rurales.
La promulgación de esta ley ocurre en un contexto de creciente tensión social. La presidenta Dina Boluarte pidió a la ciudadanía no bloquear carreteras y aseguró que “no existen motivos para protestar”.
No obstante, sindicatos y colectivos campesinos evalúan nuevas movilizaciones, alegando que el Ejecutivo prioriza los intereses empresariales sobre la justicia social en el campo peruano.
