En una declaración sin precedentes, la presidenta Dina Boluarte instó a la fiscal general del país, Patricia Benavides, a renunciar a su cargo en medio de acusaciones de liderar una red criminal dentro del Ministerio Público. La mandataria expresó su opinión durante una conferencia de prensa en Chimbote, donde subrayó “Ha perdido objetividad para continuar en su puesto”La intervención de Boluarte marca el primer comentario contundente del gobierno desde que Benavides fue implicada en una organización criminal que, según el Equipo Especial contra la corrupción del poder (Eficcop), influía ilícitamente en decisiones clave del Congreso. Entre ellas, se encuentran la elección del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, así como la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía se intensificó después de la detención de Jaime Villanueva, principal asesor de Benavides, durante la operación ‘Valquiria V’ ejecutada por el Eficcop. Posteriormente, Benavides despidió a Marita Barreto, jefa del equipo fiscal, y se pronunció en un vídeo acusando un “ataque premeditado” y un “intento torpe” de los “poderosos que no quieren ser investigados”.
En respuesta, Boluarte calificó la denuncia constitucional de Benavides contra ella y el primer ministro Alberto Otárola como una “deleznable maniobra política”, diseñada para distraer la atención pública. Este enfrentamiento entre las dos mujeres más poderosas del país ha generado comparaciones con una novela mexicana por parte de la legisladora Susel Paredes.
Boluarte, quien visitaba Chimbote para entregar títulos de propiedad y participar en un evento de la Marina de Guerra, también evitó comentar sobre las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, sobre la situación del exdictador Alberto Fujimori.
Este conflicto se agudiza con la reciente revelación de documentos y videos de una reunión de emergencia de Benavides, junto con el hallazgo de dispositivos USB y documentos destruidos en las oficinas de los investigados, exacerbando la crisis en el sistema de justicia peruano.
