En medio de graves cuestionamientos internacionales por la represión que dejó más de 50 civiles muertos en las protestas de 2022 y 2023, el Gobierno de Dina Boluarte anunció un plan para sacar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Con el argumento de “defender la soberanía nacional”, la mandataria presentó la medida durante un acto en homenaje a las Fuerzas Armadas y la Policía.
Detrás de este discurso nacionalista, analistas advierten que lo que realmente busca el Ejecutivo es blindarse de eventuales condenas internacionales por las masacres ocurridas bajo su gestión.
El anuncio coincide, además, con el retorno de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia, un personaje que ya había planteado públicamente la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando enfrentó la censura en el Congreso.
La iniciativa se suma a la reciente aprobación de una ley que otorga amnistía a policías y militares procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000), medida duramente cuestionada por organismos internacionales.
Para expertos, se trata de un “retroceso histórico” que revive prácticas del fujimorismo, cuando en 1999 Alberto Fujimori intentó retirar al país de la Corte IDH para evadir responsabilidades por violaciones de derechos humanos.
A la par de este giro autoritario, Boluarte también lanzó ataques contra la Fiscalía tras el allanamiento a la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte, calificando el operativo como un “muñeco armado”. La presidenta intentó desacreditar a los fiscales, sugiriendo que deberían investigarse a sí mismos por el origen de sus patrimonios.
Con esta doble ofensiva —contra la justicia interna y los organismos internacionales—, la presidenta Boluarte consolida un proyecto político que, bajo el pretexto de la soberanía, busca garantizar impunidad a su círculo más cercano y evitar futuras condenas por los abusos cometidos durante su gobierno.
Además, la jefa de Estado intentó poner en entredicho la credibilidad de los fiscales y jueces a cargo de las diligencias.
Criticó su supuesta falta de integridad y sugirió que deberían ser investigados por sus bienes de alto valor, los cuales —dijo— no se corresponden con sus ingresos. Incluso planteó irónicamente que, en lugar de allanar casas ajenas, deberían someterse a un “autoallanamiento”, pues, en su opinión, existen serias dudas sobre el origen de su patrimonio.
