La administración de la presidenta Dina Boluarte ha incrementado significativamente el presupuesto destinado al control de protestas sociales desde su llegada al poder en 2023. Según un informe de La República, el presupuesto asignado para “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” pasó de 463.8 millones de soles en el gobierno de Pedro Castillo a 543.1 millones en 2023, y a 635.1 millones de soles en 2024. Esto representa un aumento del 36.91% en comparación con el último año de Castillo.
Este aumento en el presupuesto para el control de protestas ha generado críticas debido a la reducción simultánea de los fondos destinados a la lucha contra el narcotráfico. La administración de Boluarte recortó el presupuesto antidrogas de 202.4 millones de soles en 2023 a 188.5 millones en 2024, un 6.87% menos, lo que ha sido cuestionado dado el aumento de actividades ilegales en la Amazonía y los riesgos para las comunidades indígenas.
Actualmente, Perú enfrenta 209 conflictos sociales, de los cuales 159 están activos, y 88 en proceso de diálogo. A pesar de una ligera disminución en el número total de conflictos desde enero, la resolución de estos problemas ha sido limitada en los últimos meses, mientras que algunos conflictos previamente resueltos se han reactivado.
