Presidenta sostiene que actúa con transparencia, mientras casos como el Rolex, muertes en protestas y uso irregular del poder siguen sin respuesta institucional.
Durante una reciente actividad oficial, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su gobierno es “decente y honesto”, en medio de un contexto marcado por investigaciones fiscales y acusaciones constitucionales que cuestionan severamente su gestión. En su discurso, la mandataria buscó proyectar una imagen de compromiso con la lucha contra la corrupción, pese a que sobre ella pesan serias imputaciones legales.
“Somos un gobierno decente, honesto y trabajamos en esa lucha frontal contra la corrupción. El Estado es inmenso. Quizá por ahí todavía esté alguna situación, pero inmediatamente pedimos que intervenga Contraloría. Cuando se trabaja con transparencia y sin corrupción, el Perú crece y ganamos todos”, expresó Boluarte, intentando deslindar su responsabilidad directa en eventuales irregularidades dentro del aparato estatal.
Investigaciones fiscales en curso: el caso Rolex
Las declaraciones de la presidenta contrastan con la realidad judicial que enfrenta. Uno de los casos más mediáticos es el denominado “caso Rolex”, en el que se investiga la posesión y uso de relojes y joyas de lujo no consignados en su declaración jurada de bienes. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignación de bienes. En marzo pasado, esta causa llevó incluso al allanamiento de su domicilio, donde se incautaron objetos de valor.
Este escándalo no es el único que compromete su administración. También se indaga su presunta responsabilidad en el uso indebido de bienes del Estado, así como en posibles actos de corrupción durante su etapa como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
34 denuncias constitucionales sin trámite en el Congreso
Desde que asumió la presidencia, Boluarte ha sido objeto de 34 denuncias constitucionales, presentadas por fiscales, parlamentarios y ciudadanos. Las más graves aluden a su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023. Al menos ocho de estas denuncias están vinculadas a esos hechos, tres de ellas impulsadas directamente por el Ministerio Público.
Pese a la gravedad de los señalamientos, ninguna ha sido tramitada con celeridad. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, dominada por legisladores aliados al Gobierno, ha archivado gran parte de estas denuncias o las mantiene sin avances significativos. Entre las acusaciones también figuran tres casos por presunto abandono de funciones —relacionados con intervenciones estéticas— y varias más por decisiones tomadas cuando ocupaba un cargo ministerial.
Blindaje político y falta de rendición de cuentas
El patrón observado hasta ahora muestra una tendencia sistemática de inacción por parte del Congreso frente a los cuestionamientos que rodean a la mandataria. Este aparente blindaje político ha sido duramente criticado por diversos sectores, que denuncian una falta de voluntad para activar los mecanismos de fiscalización que la Constitución otorga al Parlamento.
Mientras tanto, Boluarte continúa afirmando su honestidad y compromiso con la transparencia, sin aludir directamente a la gravedad de los cargos que enfrenta ni ofrecer explicaciones públicas sobre las investigaciones abiertas en su contra.
