El destino judicial de Jair Bolsonaro quedó sellado. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró agotados todos los recursos legales del exmandatario, dejando firme la condena de 27 años y 3 meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado. La decisión, liderada por el ministro Alexandre de Moraes, habilita la ejecución inmediata de la sentencia y cierra definitivamente cualquier vía de apelación.
Prisión inmediata
Aunque Bolsonaro ya se encontraba recluido desde el 22 de noviembre en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia —no por el intento de golpe, sino por violación del monitoreo electrónico y riesgo de fuga—, ahora podrá ser trasladado a una prisión del sistema federal para empezar a cumplir su pena. El encierro fue reforzado tras el episodio en el que el expresidente intentó retirarse el grillete mientras su hijo Flávio organizaba una vigilia en su defensa.
El STF también cerró los procesos contra Alexandre Ramagem y Anderson Torres, quienes no presentaron recursos de aclaración, por lo que también deberán cumplir sus respectivas penas sin más dilaciones.
La última carta judicial
La defensa aún aspiraba a un recurso de revisión, pero el STF lo declaró inadmisible: solo es procedente cuando al menos dos jueces votan por la absolución, un escenario inexistente tras el juicio de septiembre, donde la condena fue respaldada ampliamente.
Con este fallo, la condena quedó firme, y el traslado del exmandatario a una prisión federal podría concretarse en cuestión de horas.
El proyecto de amnistía
El Partido Liberal, bajo la conducción de Bolsonaro y su círculo cercano, había anunciado un plan de amnistía para revertir la condena. Sin embargo, la estrategia se debilitó drásticamente tras confirmarse la prisión preventiva y conocerse un video donde el propio exmandatario admite haber manipulado la tobillera electrónica.
El escándalo generó tensión dentro del Congreso brasileño y puso en duda el respaldo político que buscaba el bolsonarismo para impulsar la amnistía.
La decisión del STF marca un quiebre histórico: por primera vez, un expresidente brasileño deberá cumplir una condena tan severa por atentar contra el orden democrático. El mensaje institucional es contundente: no hay impunidad para quien intente subvertir la Constitución.
