El Congreso de la República volvió a blindar a la presidenta Dina Boluarte ante la posibilidad de una investigación formal por el polémico caso ‘Cofre’, que gira en torno al uso de un vehículo presidencial supuestamente involucrado en la evasión del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según el informe de Mariana Quilca Catacora para Infobae, la Comisión de Fiscalización solicitó poderes investigativos, liderada por el congresista Juan Burgos, pero la moción fue rechazada en el pleno con votos clave en abstención de bancadas como Fuerza Popular y Acción Popular, además de un voto en contra de Alianza Para el Progreso.
La negativa a debatir la moción dejó en el aire la posibilidad de una indagación oficial que permita citar a la mandataria y evaluar la evidencia presentada, que incluye supuestos audios y testimonios de implicados. La medida generó debate y oposición en el Congreso, mientras legisladores de Perú Libre y Alianza Para el Progreso se enfrentaban por el enfoque de la Comisión de Fiscalización.
El Controversial Caso ‘Cofre’ y las Supuestas Evidencias
El caso ‘Cofre’ involucra la posible utilización del vehículo presidencial en una maniobra de escape de Cerrón durante un operativo policial que buscaba su captura. En agosto pasado, la prensa reveló reportajes sobre este tema, indicando que el auto de la presidenta Boluarte había sido visto en un condominio al sur de Lima. Esta información desató especulaciones sobre el posible uso indebido del vehículo y la posible complicidad de la jefa de Estado en los hechos.
Además de los testimonios recogidos, el congresista Burgos presentó supuestos audios en los que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé -también conocido como ‘capitán Culebra’- discutían cómo Cerrón habría utilizado el vehículo presidencial para evitar su detención. La difusión de estos audios, aunque aún no se ha corroborado su autenticidad, ha alimentado las sospechas sobre la participación de funcionarios de alto nivel en el encubrimiento del líder político.
La Resolución del Ejecutivo que Bloquea la Investigación
Poco después de que la Comisión de Fiscalización solicitara facultades investigadoras para citar a la presidenta, el Ejecutivo emitió una resolución que declara la información sobre el vehículo de Boluarte como confidencial. Para Juan Burgos, esta medida es inconstitucional y representa un ataque directo a la facultad de fiscalización del Congreso, institución que, según él, tiene el deber de supervisar el actuar del Ejecutivo sin restricciones.
“Este tipo de resoluciones pone en riesgo nuestra democracia y nos deja sin las herramientas para verificar los hechos,” afirmó Burgos en su defensa de la moción, destacando que el bloqueo de la información afecta la transparencia y genera un precedente negativo en términos de control legislativo.
Argumentos de Oposición y el Debate en el Pleno
La propuesta de investigar a la presidenta no fue bien recibida en el Congreso. Según Quilca Catacora, el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, acusó a Burgos de dirigir el foco del Congreso hacia una vendetta personal, al mencionar que Burgos “quiere aflorar sus odios” a través de la investigación. Cruz enfatizó que el Parlamento debería dedicar sus esfuerzos a supervisar otras áreas de gobierno, como las gestiones de alcaldes y gobernadores regionales, en lugar de perseguir un caso que, en su opinión, tiene un enfoque sesgado y carece de pruebas contundentes.
Asimismo, Alejandro Soto, representante de Alianza Para el Progreso, argumentó que la investigación del caso ‘Cofre’ ya está en manos del Ministerio Público, y permitir que el Congreso interfiera podría interpretarse como una invasión de competencias que pondría en duda la neutralidad del Legislativo. Soto fue enfático al mencionar que la falta de pruebas claras y los elementos indeterminados dificultan la justificación de las facultades investigadoras.
Los Votos que Impidieron la Investigación
Al culminar el debate, Eduardo Salhuana, titular de la Mesa Directiva, explicó que la moción requería el voto a favor de al menos el 35% del Congreso (46 votos) para ser admitida. Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 45 votos en abstención, 16 en contra y 23 a favor. La votación reflejó las divisiones internas y el peso de las abstenciones por parte de Fuerza Popular y Acción Popular, que evitaron posicionarse directamente en el caso. Alianza Para el Progreso, por su parte, emitió un voto unificado en contra de la moción.
Esta votación evidencia la dificultad para alcanzar un consenso en investigaciones que involucran a altas autoridades. Mientras algunos sectores del Congreso argumentan la necesidad de transparencia y fiscalización rigurosa, otros señalan la importancia de respetar los límites de la intervención parlamentaria en investigaciones que ya están bajo la jurisdicción del Ministerio Público.
Contexto Político y Posibles Consecuencias
La negativa del Congreso a investigar el caso ‘Cofre’ se suma a una serie de acciones que algunos sectores consideran una muestra de impunidad hacia funcionarios de alto rango. Para muchos críticos, esta decisión compromete la credibilidad del Legislativo y refuerza la percepción de que existen pactos políticos para proteger a ciertos líderes en detrimento de la transparencia y justicia. En medio de un clima de tensión, con manifestaciones que demandan cambios en la seguridad y justicia, este caso podría generar un efecto contrario y aumentar las sospechas sobre los manejos internos en el Ejecutivo.
La Comisión de Fiscalización, que ha sido el foco de disputas previas, enfrenta un panorama incierto, pues la ausencia de facultades investigadoras limita su capacidad para llevar adelante casos sensibles y solicitar la comparecencia de altas autoridades. De aprobarse en el futuro una moción de investigación, el caso podría ser examinado en profundidad, pero las circunstancias actuales sugieren que cualquier intento será arduo en un Congreso fragmentado por intereses partidarios.
El Futuro del Caso ‘Cofre’ y la Imagen del Congreso
La decisión de blindar a la presidenta en el caso ‘Cofre’ también tendrá un impacto en la opinión pública, ya que muchos ciudadanos ven la falta de fiscalización como una barrera para la justicia. Para Burgos y otros miembros de la Comisión de Fiscalización, la negación de esta moción significa una oportunidad perdida para establecer precedentes de responsabilidad institucional. El parlamentario insiste en que su único objetivo es garantizar la transparencia en las gestiones de los altos funcionarios.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha evitado hacer declaraciones sobre la negativa del Congreso a investigar, pero el caso podría tener repercusiones en su administración si en el futuro se confirma el uso indebido de bienes del Estado. La responsabilidad de sus funcionarios también será evaluada en investigaciones en curso del Ministerio Público, que enfrenta el reto de demostrar independencia y rigor en la recolección de pruebas.
Este caso refleja, en última instancia, las dificultades que enfrenta el Perú en términos de supervisión y rendición de cuentas, en un escenario político marcado por la polarización y la búsqueda de intereses individuales. La respuesta del Congreso ante futuras mociones será clave para medir hasta dónde puede llegar la independencia de las instituciones peruanas en un contexto de desafíos y acusaciones cruzadas.
