La Fiscalía Suprema, liderada provisionalmente por Alcides Chinchay, ha presentado un requerimiento formal al Poder Judicial para extender por 18 meses adicionales la prisión preventiva de la ex primera ministra Betssy Chávez. La solicitud surge en el marco de las investigaciones por su presunta participación en el fallido golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo. Esta medida, inicialmente aplicada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, se encontraba vigente desde el 20 de junio de 2023 y venció.
El juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha fijado para el 26 de diciembre, a las 12:30 pm, la audiencia en la que se debatirá la solicitud del Ministerio Público. Mientras tanto, la defensa de Chávez exige su liberación inmediata, argumentando que la extensión de la prisión preventiva más allá del plazo establecido constituye una vulneración a sus derechos fundamentales.
Motivos de la Fiscalía para la prolongación
El Ministerio Público ha señalado dos razones principales para justificar su pedido. La primera se centra en el tiempo necesario para llevar adelante el juicio oral contra Chávez y sus coacusados, entre ellos Pedro Castillo, Aníbal Torres, Willy Huerta, Roberto Sánchez y tres efectivos de la Policía Nacional del Perú. Según la Fiscalía, los 18 meses solicitados cubrirían la fase inicial del juzgamiento y posiblemente el proceso de apelación. No obstante, debido al volumen de pruebas y la cantidad de procesados, se estima que dicho período podría limitarse a la emisión del fal.
La segunda razón radica en el riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Chávez. El Ministerio Público recuerda que, tras el fallido intento de golpe, el excongresista intentó trasladarse a la Embajada de México en Perú, país que había ofrecido asilo político al expresidente Castillo. Además, se destacó el testimonio de la exsecretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien afirmó que laptops, documentos y otros objetos personales de Chávez fueron retirados del despacho oficial luego de los eventos del 7 de diciembre de 2022.
Sustento del requerimiento fiscal
“Resulta indispensable que el presente requerimiento sea declarado fundado, por las circunstancias que concurren y han sido expuestas, así como para asegurar la presencia de la acusada en el desarrollo del juzgamiento. De este modo, no se eluda la acción de la justicia conforme se ha fundamentado en la presente solicitud, por existir causas justificadas que hacen ver que la acusada se dará a la fuga o permanecerá oculta si es excarcelada, con lo que quedarían frustradas las ulteriores etapas del presente proceso”.
Este argumento se sustenta en la necesidad de garantizar la correcta administración de justicia y evitar que la acusada interfiera en el desarro.
La posición de la defensa
Por su parte, la defensa legal de Betssy Chávez ha rechazado categóricamente la solicitud de prolongación de la prisión preventiva, calificándola de arbitraria. Sostienen que la medida no solo incumple los plazos legales establecidos, sino que también representa una vulneración a los derechos fundamentales de su patro.
Contexto del caso
Betssy Chávez enfrenta un proceso penal por su presunta implicación en el intento de autogolpe de Estado ejecutado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Según la Fiscalía, Chávez habría tenido conocimiento previo de las intenciones del expresidente y habría accionado de manera activa
Entre los coacusados se encuentran también Aníbal Torres, ex primer ministro; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo. La complejidad del caso radica en el elevado número de pruebas y testigos que deben ser examinados durante el juicio, así como en las posibles implicaciones.
Mientras el Poder Judicial evalúa el pedido de la Fiscalía, el debate sobre la duración de las medidas de prisión preventiva sigue generando controversia, poniendo en tensión los principios de seguridad jurídica y derechos humanos en un contexto político.
