La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, permanece recluida en el penal de mujeres en Chorrillos, a pesar de que su mandato de prisión preventiva venció el pasado 19 de diciembre. Señalada por su presunta participación como coautora del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, Chávez ha calificado su permanencia en el penal como un acto de “secuestro” y ha denunciado públicamente esta situación, respaldada por su defensa legal.
Denuncia de secuestro y situación legal
En un contundente mensaje desde el penal, Chávez expresó: “Quiero denunciar públicamente de manera enérgica que estoy secuestrada en el establecimiento penitenciario anexo de mujeres Chorrillos. Mi mandato de prisión preventiva culminó de manera indefendible el día jueves 19 de diciembre”. Aseguró que su reclusión actual carece de justificación legal, subrayando que se trata de una vulneración grave de sus derechos fundamentales.
Por su parte, la defensa legal de Chávez sostiene que mantenerla detenida después del vencimiento de la prisión preventiva constituye una “detención arbitraria y una transgresión de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. A pesar de estos argumentos, el juez Juan Carlos Checley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha decidido mantenerla en reclusión hasta la audiencia programada para el 26 de diciembre, en la que se evaluará la solicitud del Ministerio Público de extender la prisión preventiva por un periodo adicional de 18 meses.
Acusaciones y pedido de condena
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, bajo la dirección del fiscal supremo Mario Chinchay Castillo, acusa a Betssy Chávez de ser presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión. Este delito, contemplado en el artículo 346 del Código Penal, podría acarrear una condena de hasta 25 años de prisión. Además, el Ministerio Público solicita inhabilitar a Chávez por un periodo de dos años y seis meses para ejercer cargos públicos.
“La gravedad de los hechos imputados y su impacto en el orden democrático justifican esta medida excepcional”, argumentó el fiscal Chinchay Castillo al sustentar su pedido de extensión de la prisión preventiva.
Un pasado político controvertido
Betssy Chávez ha sido una figura prominente y polémica en la política peruana desde que fuera elegida congresista por Tacna bajo el partido Perú Libre durante la campaña presidencial de 2021. Su vínculo con el entonces presidente Pedro Castillo le permitió ocupar cargos clave en el Ejecutivo, primero como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y, posteriormente, como presidenta del Consejo de Ministros. Su paso por ambos cargos estuvo marcado por críticas y controversias.
En su gestión como ministra de Trabajo, Chávez fue censurada por el Congreso, lo que no impidió su regreso al Ejecutivo como ministra de Cultura y luego como titular de la PCM. Sin embargo, su tiempo como jefa del gabinete ministerial fue breve: menos de dos semanas después de asumir el cargo, presentó su renuncia tras el autogolpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
“Su cercanía con Pedro Castillo y su participación activa en los eventos del 7 de diciembre la convierten en una figura clave dentro de este proceso judicial”, señaló un analista político.
Implicación en el golpe de Estado
El 7 de diciembre de 2022, Chávez estuvo junto a Pedro Castillo en el momento en que el entonces presidente anunció el cierre del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”. Durante su pronunciamiento, Castillo también comunicó su intención de reformar el sistema de justicia, en un aparente intento de eludir las investigaciones de corrupción que lo señalaban.
La presencia de Chávez en ese momento crucial y su rol dentro del Ejecutivo han sido fundamentales para las acusaciones en su contra. Según el Ministerio Público, su participación en el intento de golpe la posiciona como una de las principales responsables de los hechos que llevaron al colapso del gobierno de Castillo y a su posterior detención.
Otros casos y denuncias
El historial de Betssy Chávez también incluye otras controversias. Durante su paso por el Congreso, fue acusada de plagio en su tesis presentada ante la Universidad Nacional Jorge Basadre. Este caso involucró además al expresidente Pedro Castillo y su esposa, quienes también enfrentan investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Estas acusaciones, sumadas a su vínculo con el intento de golpe de Estado, han reforzado la percepción pública de Chávez como una figura cuestionada dentro del panorama político peruano.
Debate legal y derechos humanos
La denuncia de Chávez sobre su situación en el penal ha reavivado el debate sobre el uso de la prisión preventiva en el Perú. Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores han señalado que la extensión de la detención más allá del plazo establecido vulnera las garantías constitucionales.
“Cualquier privación de libertad que exceda el tiempo permitido por la ley debe ser considerada arbitraria y sujeta a sanción”, subrayó un abogado experto en derechos humanos. No obstante, la gravedad de las acusaciones contra Chávez ha llevado a sectores de la opinión pública a justificar las medidas tomadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Próximos pasos y audiencia clave
La audiencia programada para el 26 de diciembre será un momento crucial para definir el futuro de Betssy Chávez. En esta sesión, se evaluará el pedido del Ministerio Público de extender la prisión preventiva por 18 meses adicionales y se analizarán los argumentos presentados por la defensa para su liberación.
Mientras tanto, Chávez permanece recluida en el penal de Chorrillos, desde donde insiste en que su situación es ilegal. “Estoy en una situación que va en contra de todos los principios legales y constitucionales que se supone deben regir en un Estado democrático”, declaró recientemente.
Conclusión
El caso de Betssy Chávez no solo refleja las tensiones políticas y legales que aún persisten tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, sino que también pone de manifiesto las dificultades del sistema judicial peruano para garantizar un equilibrio entre la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. La audiencia del 26 de diciembre será clave para esclarecer el rumbo de este proceso, mientras el país sigue atento a las implicancias políticas y sociales de este emblemático caso.
