En un reciente fallo judicial, Betssy Chávez, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, seguirá en prisión preventiva como parte de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión. La Corte Suprema, a través del juez Juan Carlos Checkley Soria, declaró improcedente la solicitud de liberación de Chávez, manteniendo la medida cautelar impuesta durante el proceso.
La Fiscalía argumentó que aún no se cumple el plazo mínimo de seis meses desde la última revisión de su situación carcelaria para considerar una revisión de la prisión preventiva. La última audiencia sobre la cesación de la medida cautelar data de septiembre de 2023, por lo que aún no se satisface el periodo requerido para reevaluar su caso.
Esta decisión se suma a la serie de consecuencias judiciales que enfrentan varios miembros del gobierno anterior por supuestas infracciones durante su gestión. Chávez, reconocida por su papel en el gabinete ministerial, ahora enfrenta un periodo de incertidumbre mientras continúan las investigaciones en su contra. El caso destaca la rigurosidad del sistema judicial peruano en el manejo de acusaciones contra funcionarios de alto nivel y subraya el compromiso del país con el mantenimiento del orden constitucional y la lucha contra actos de rebelión.
