De 3099 soles que pagaba por el alquiler del inmueble ubicado en la cuadra 4 del jirón Bolívar, el monto se le redujo a 1400 soles, gracias al “favor” que le otorgó el exalcalde de Huánuco, Jesús Giles, a quienes conducen la Clínica Bolívar, que funciona en ambientes de la Beneficencia Pública. El contrato, que avaló tamaño favoritismo, no tiene respaldo legal porque la exdirectora Zulma Picón se abstuvo de firmarlo; por tal razón, los actuales administradores de la BP están solicitando desalojo anticipado. Así lo anunció el gerente Marco Durán Roca, quien catalogó a los dueños del centro hospitalario de “sinvergüenzas”.
“El desalojo está en camino. Pedimos al Poder Judicial que aplique la ley y acceda al desalojo anticipado que hemos solicitado. No es posible que estos sinvergüenzas, que fueron favorecidos de manera descarada por Jesús Giles, tenga la conchudez de romper los seguros y traer matones”, declaró Duran Roca, informando que la Clínica Declerq, que administra la Beneficencia, urge ampliarse para tener una sala de cirugía y hospitalización.
Además, en el contrato que propiciaron las exautoridades con los dueños de la clínica, no figura la razón social de Clínica Bolívar, sino de otro centro de rehabilitación. Otro argumento es que consideran ilegal su funcionamiento en la propiedad de la BP porque el contrato no lo firmó la expresidenta Zulma Picón, “sabiendo lo que se le venía y lo hizo firmar con un abogado”, acentuó el gerente.
Subrayó que la BP no tiene más ingresos que por alquiler de inmuebles, con los cuales atienden a los niños abandonados. “Muchos de los menores, que tenemos en el albergue, son enviados por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Por esta razón, pedimos sensatez a los jueces y, según las normas legales, dispongan el inmediato desalojo”, sentenció.



