Ante el Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco se inició el proceso judicial para que la Dirección Regional de Salud (Diresa Huánuco), desocupe el local que ocupa, por encontrarse en calidad de ocupante precario, del terreno de 4000 metros cuadrados de propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública.
El gerente de la Beneficencia Pública, José Valdez Barrueta, informó que la decisión fue tomada al haberse agotado la conciliación propuesta para entablar una negociación que condujera a un acuerdo y expresó que corresponde al personal jurisdiccional notificar judicialmente del proceso.
“La Diresa Huánuco se encuentra en calidad de ocupante precario desde el 15 de mayo en que culminó el convenio de uso gratuito de las instalaciones que ocupó durante 30 años y que no fue renovado conforme a la normatividad legal emitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, destacó Valdez Barrueta.
Valdez detalló que partir del 16 de mayo la Diresa debe pagar por el uso del local conforme a la opinión técnica emitida por el área legal del MIMP al que recurrió la Diresa Huánuco, caso contrario debe ser desalojada.
Efectuó un llamado a la Diresa Huánuco a evitar una situación penosa para la administración pública de llevar a cabo el desalojo y no tener posibilidad de impedirlo.
Descartó la suscripción de un nuevo convenio entre las partes y aseguró que la única solución posible es un contrato de alquiler por un monto razonable, ajustado a lo que espera recibir la Beneficencia y lo que la Diresa está en posición de asumir, así como a los costos del mercado, en función del tamaño del terreno.
Advirtió que de no tomar iniciativa la Diresa Huánuco para un diálogo serio y responsable, se procederá al desalojo judicial en un proceso que no debe sobrepasar de un año como máximo.
