El gerente de la Beneficencia de Huánuco, Teófilo Huaynates, informó que en el caso del inmueble que actualmente ocupa la Dirección Regional de Salud (DIRESA) —propiedad de la Beneficencia, según afirmó— se habría confirmado la sentencia de desalojo, aunque remarcó que la ejecución “demora” y que “no es rápido” concretar el retiro. De acuerdo con su versión, el expediente se encontraría en proceso de retornar al juzgado de origen para que se ejecute la sentencia, etapa que, según sostuvo, suele tardar.
Huaynates enfatizó que, al tratarse de un caso judicializado, la Beneficencia —según explicó— no puede intervenir directamente y debe esperar que el Poder Judicial resuelva y ejecute. En ese marco, señaló que la defensa judicial, en procesos de desalojo, correspondería a la Procuraduría Pública, y que el procurador municipal sería el encargado de ver estos casos, por lo que estaría en condiciones de brindar información precisa sobre el estado de los expedientes.
8 casos en seguimiento
Consultado por un consolidado de bienes inmuebles vinculados a la Beneficencia y su situación legal, Huaynates estimó que habría “siete u ocho casos aproximadamente” en seguimiento. Añadió que, por acuerdo de directorio, habrían solicitado información actualizada sobre el estado de los procesos, pero señaló que aún no les informan, motivo por el cual dijo estar realizando el seguimiento correspondiente.
En relación con los tiempos, el gerente refirió que incluso cuando una sentencia se confirma, los expedientes pueden permanecer sin mayor avance visible. En el caso de la DIRESA, sostuvo que, según lo que habría observado en el sistema, hace “un mes, mes y medio” se habría presentado un pedido para exigir el cumplimiento de la sentencia, aunque señaló que el proceso “no se mueve”.
“Abocamiento indebido” en casos judicializados
Durante sus declaraciones, Huaynates sostuvo que, cuando un caso está en el Poder Judicial, “cualquier autoridad pierde competencia”, por lo que —según afirmó— ninguna institución debería intervenir formalmente mediante documentos que intenten influir en la decisión judicial. En ese contexto, señaló que remitir escritos o comunicaciones sobre un proceso judicializado podría configurar un presunto “abocamiento indebido”, motivo por el cual, según dijo, podrían existir coordinaciones solo de manera informal, pero no documentos oficiales.
Asimismo, el gerente afirmó que algunas entidades que ocupan predios de la Beneficencia “judicializan” los casos “de mala fe”, pese a —según su versión— saber que están arrendando u ocupando un inmueble ajeno.
S/ 2.5 millones de deuda
Respecto a la DIRESA, Huaynates sostuvo que la deuda continuaría acumulándose y estimó que podría llegar a S/ 2 a S/ 2.5 millones, señalando que el proceso tendría origen en una demanda del 2019 y que, para una liquidación formal, primero debería ejecutarse el desalojo a fin de precisar tiempos y condiciones de ocupación. También manifestó que —según su versión— la entidad no habría pagado, y que la liquidación definiría montos por concepto de arrendamiento, valorización e incluso eventuales perjuicios.
En otro tramo de sus declaraciones, el gerente afirmó que un director de la DIRESA habría propuesto pagar S/ 50,000 mensuales y luego habría señalado que ese monto era “mucho”, lo cual presentó como una contradicción. Este punto podría generar controversia, ya que la DIRESA podría ofrecer otra interpretación sobre propuestas, acuerdos o condiciones.
Finalmente, Huaynates comentó que, tras cambios normativos, la Beneficencia ya no sería “sociedad de beneficencia pública” y se consideraría “privada” en el marco de la Ley 1411, aunque también sostuvo que los bienes conservarían calidad de bienes públicos, lo que podría abrir debate sobre la naturaleza jurídica y la rendición de cuentas.
El dato
Sobre el caso de la Prefectura/Subprefectura, Huaynates señaló que allí sí habría actuado de forma más directa. Según afirmó, se habría realizado el requerimiento correspondiente y existiría un compromiso de entrega del inmueble “bajo responsabilidad”, compromiso que, según dijo, ya habría vencido. Indicó además que la deuda por ese inmueble sería “fuerte”.
