La suspendida fiscal suprema, Patricia Benavides, desafió los procedimientos de su investigación por presuntos delitos de corrupción durante una audiencia de tutela de derechos, argumentando violaciones al debido proceso y diseño constitucional. Benavides, quien enfrenta acusaciones de organización criminal entre otros cargos, cuestionó la asignación de la fiscal suprema Delia Espinoza para liderar su caso, alegando que el fiscal supremo más antiguo, Pablo Sánchez, debería haber asumido la responsabilidad. La exfiscal de la Nación también impugnó la legitimidad del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), criticando la gestión de evidencias y la cadena de custodia.
Delia Espinoza, por su parte, defendió el proceso, asegurando que la defensa de Benavides ha tenido acceso completo y sin restricciones al expediente desde el inicio de la investigación. Espinoza negó haber solicitado el caso y subrayó que su implicación se debió a una delegación de competencias por parte del fiscal de la Nación.
La controversia subraya tensiones dentro del sistema judicial peruano, destacando debates sobre la interpretación de la ley y la administración de justicia en casos de alto perfil. La decisión del juez Juan Carlos Checkley, pendiente de notificación a las partes, podría tener implicaciones significativas para la prosecución del caso contra Benavides y la práctica de asignación de investigaciones en el Ministerio Público
