El Perú no puede soportar más el descaro de sus propios líderes. La reciente declaración de Elard Paul Tejeda, exgerente de Obrainsa, destapa con crudeza los alcances de la corrupción en el juicio contra el expresidente Martín Vizcarra. Tejeda confesó haber entregado al entonces gobernador de Moquegua un soborno de S/1 millón en dos pagos: S/400,000 en enero y S/600,000 en abril de 2014. Los fondos, según sus propias palabras, fueron entregados en sobres manila, cuidadosamente preparados en billetes de S/200, a cambio de información privilegiada que benefició a su consorcio en la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.
La gravedad de estas acusaciones es intolerable. Vizcarra, quien llegó a la presidencia prometiendo ser el símbolo de la lucha contra la corrupción, ahora enfrenta pruebas documentales —cheques, registros de llamadas— que cuestionan su integridad desde su tiempo en el gobierno regional de Moquegua. Estas evidencias reflejan un desprecio absoluto hacia el país y hacia la confianza de los ciudadanos, quienes hoy ven a su exmandatario señalado como parte activa de las prácticas ilícitas que él mismo criticó.
Resulta alarmante que aún hoy muchos de los implicados en la corrupción —y hasta expresidentes— no hayan recibido el castigo ejemplar que merecen. Si Vizcarra, quien ocupó el más alto cargo de la nación, elude una condena justa, el mensaje para el país sería devastador: que la corrupción es permisible cuando se tiene poder e influencia. Esto sería un golpe mortal para la justicia y el estado de derecho en el Perú, minando aún más la credibilidad de nuestras instituciones.
Exigimos sanciones severas e inmediatas. Vizcarra debe responder ante la justicia por su papel en este vergonzoso episodio y, de comprobarse su culpabilidad, debe ser condenado con la máxima pena que estipula la ley. Solo así empezaremos a restaurar la confianza pública y a limpiar las instituciones de quienes se sirven de ellas para sus propios fines.
El Perú necesita que sus líderes enfrenten consecuencias reales, sin excepciones ni privilegios. La justicia debe ser clara y firme: nadie está por encima de la ley. Basta de palabras y promesas. Necesitamos acciones contundentes. Que este juicio sea un precedente para un país donde quienes abusan del poder no solo caigan, sino que también paguen por sus actos.
