La creciente inversión en las autoridades políticas designadas por el gobierno central, específicamente en prefectos y subprefectos, ha generado controversia en un contexto donde la eficiencia del gasto público es crucial. La asignación de fondos para estos funcionarios, cuya pertinencia ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones, contrasta con las necesidades urgentes en sectores clave como la lucha contra la minería ilegal y la mejora de la seguridad ciudadana, ambas áreas demandando recursos significativos para su adecuado abordaje. Este escenario plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno y la necesidad de una evaluación rigurosa de las funciones y el impacto real de estas figuras políticas en el panorama nacional, especialmente en un momento de ajuste fiscal.
Según la investigación publicada por El Comercio, en el 2025, el Estado peruano destinará S/76,1 millones a prefectos y subprefectos, autoridades políticas designadas por el Ministerio del Interior (Mininter). Un dato que resalta es que S/71,5 millones de este monto se utilizarán para el pago de planillas, lo que representa un aumento del 8,7% en comparación con el 2024 y un incremento de casi 25% respecto al 2022, el último año del gobierno de Pedro Castillo, según estimaciones del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
El análisis de los datos revela una asignación presupuestaria considerable a estas figuras políticas, incluso superando la inversión en áreas críticas como la lucha contra la minería ilegal. El presupuesto destinado a prefectos y subprefectos supera los S/74 millones asignados a combatir esta actividad ilícita que afecta gravemente zonas como Pataz, en La Libertad. Esta disparidad ha despertado críticas y llamados a una reevaluación de las prioridades gubernamentales, instando a una mayor eficiencia en la distribución de los recursos públicos.
El reportaje de El Comercio destaca que, entre enero del 2023 y abril del presente año, se nombraron 1.653 prefectos y subprefectos, de los cuales 314 asumieron sus cargos durante las últimas dos gestiones ministeriales. Un porcentaje significativo, el 19% del total, ha estado vinculado a partidos políticos o movimientos regionales, siendo Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Renovación Popular y Fuerza Popular las agrupaciones con mayor número de militantes entre estas autoridades.
Además, el medio recogió la opinión de expertos que cuestionan la pertinencia de mantener esta estructura política. Paula Muñoz, politóloga de la Universidad del Pacífico, argumenta que la figura del prefecto y subprefecto ha perdido relevancia con la descentralización y la creación de gobiernos regionales. Según la experta, estas funciones se han vuelto redundantes y se prestan a suspicacias, planteando la necesidad de evaluar si sus recursos podrían ser mejor utilizados en otras áreas.
En contraste, Jorge Morel, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, plantea la posibilidad de reformar estas instituciones, dotándolas de un enfoque más técnico y profesional. Considera que, con una redefinición de sus funciones, podrían desempeñar un papel importante en la articulación con los gobiernos subnacionales, sirviendo como intermediarios entre el gobierno central y las autoridades regionales, provinciales y municipales. Esto, según Morel, podría ser beneficioso a mediano plazo.
El silencio del Mininter ante la consulta sobre los motivos del aumento en el presupuesto destinado a prefectos y subprefectos genera aún más interrogantes sobre la justificación de este gasto. Mientras tanto, la discusión sobre la utilidad y la necesidad de mantener estas figuras políticas sigue abierta, con argumentos a favor de su reformulación o eliminación, en aras de una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos.
