En medio de una crítica coyuntura política marcada por el desplome de su aprobación al 3%, la presidenta Dina Boluarte utilizó un tono desafiante durante una ceremonia de graduación de alféreces de la Policía Nacional del Perú (PNP). La mandataria defendió su gestión asegurando que su trabajo no busca popularidad, sino enfrentar los desafíos sociales del país.
“No Estamos Trabajando para Ser Artistas de Hollywood”
Boluarte afirmó que su objetivo principal es la lucha contra la pobreza y el crimen organizado, desestimando la relevancia de los sondeos de opinión. “No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood, estamos trabajando para poder disminuir la pobreza y la pobreza extrema de nuestra querida patria”, expresó la mandataria ante los graduados de la PNP y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Sin embargo, a pesar de sus declaraciones sobre combatir la delincuencia, su gobierno ha recibido críticas por no haber tomado aún una posición respecto al proyecto de ley N° 9733, enviado por el Congreso, que busca restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Críticas y Demoras en el Proyecto de Ley
El mencionado proyecto de ley fue aprobado por el Congreso el 16 de diciembre con una amplia mayoría: 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. La iniciativa propone que los fiscales puedan solicitar la detención preliminar de personas investigadas por delitos graves, incluso en ausencia de flagrancia, siempre que se presenten pruebas razonables que justifiquen la medida.
Hasta la fecha, Boluarte no ha revisado el documento en el Consejo de Ministros, lo que retrasa su promulgación u observación. La actual normativa, que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia, ha generado alarma en el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes advirtieron que esto favorece a organizaciones criminales y delincuentes.
Si el proyecto se publica en el diario oficial El Peruano, los fiscales podrían, desde el día siguiente, solicitar detenciones preliminares para investigados por delitos que ameriten penas superiores a 4 años de cárcel. Este cambio sería un paso clave en el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado.
Un Contexto de Desafíos para la Presidencia
Con una aprobación histórica del 3%, Boluarte enfrenta críticas tanto por la ciudadanía como por diversos sectores políticos, que cuestionan su capacidad de liderazgo y las demoras en decisiones cruciales. La mandataria, sin embargo, insiste en que los resultados de su gobierno se están manifestando en acciones concretas contra la delincuencia y la pobreza.
“Queridos compatriotas, juntos de la mano con la policía nacional, lideramos una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. Los resultados nos demuestran que avanzamos con paso firme”, destacó en la ceremonia.
El uso de la frase “manos limpias” durante su discurso parece responder a las acusaciones de falta de transparencia y efectividad en su administración. Sin embargo, hasta que no se tomen decisiones concretas, como la promulgación del proyecto de ley mencionado, la percepción negativa hacia su gobierno podría mantenerse.
El Debate Pendiente sobre la Ley de Detención Preliminar
La ausencia de una respuesta de Boluarte sobre el proyecto de ley refleja las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras que el Congreso busca responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía, la falta de acción de la mandataria ha sido interpretada como un reflejo de indecisión en su gestión.
Por otro lado, diversos analistas señalan que la presidenta podría estar evitando una confrontación directa con sectores críticos que ven en esta ley una amenaza potencial a los derechos humanos. No obstante, el consenso general entre las instituciones judiciales y fiscales es que la restauración de la detención preliminar es una herramienta esencial para combatir eficazmente el crimen organizado.
Un Futuro Incierto
La presidenta Dina Boluarte se encuentra en un punto crítico de su mandato. Su decisión respecto a la promulgación u observación del proyecto de ley N° 9733 será clave para demostrar el compromiso de su gobierno en la lucha contra la inseguridad y recuperar, al menos parcialmente, la confianza ciudadana.
La controversia generada por su discurso y las demoras en decisiones trascendentales reflejan la complejidad de un gobierno que debe equilibrar acciones concretas con una estrategia de comunicación efectiva para enfrentar su crisis de legitimidad.
