La polémica vuelve a rodear al Congreso de la República, esta vez protagonizada por el parlamentario Edwin Martínez, quien defendió la contratación de Isabel Cajo Salvador, una joven de 26 años sin grado de bachiller, para trabajar en su despacho con un sueldo mensual de S/7.000. Este caso, revelado por el semanario Hildebrandt en sus Trece, ha desatado cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el congresista para elegir a sus trabajadores, así como sobre el manejo del presupuesto asignado al Parlamento.
Martínez, exintegrante de Acción Popular y actualmente congresista no agrupado, no dudó en justificar su decisión en una entrevista con Latina. Según el legislador, su evaluación no se centra únicamente en las credenciales académicas o profesionales de los postulantes, sino en cualidades más personales. “Lo que más evalúo es qué tipo de corazón tienen, si son buenos o son malos. Si son de buen corazón, son generosos, van a trabajar conmigo”, declaró al programa Punto Final.
La contratación bajo la lupa
Como informa La República, de acuerdo con un reportaje de Daniel Muñoz, Isabel Cajo Salvador ya había trabajado en el Congreso, específicamente en la Oficina Legal y Constitucional durante la gestión de Jorge Torres Saravia. Este último ha sido señalado como presunto cabecilla de una red de proxenetismo en el Poder Legislativo. Durante esa etapa, Cajo percibía un sueldo cercano a los S/8.000.
Actualmente, la joven figura como secretaria en el despacho de Edwin Martínez, pese a no contar con grado de bachiller ni licenciatura, según los registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Los informes señalan que Cajo tiene estudios no culminados en la Universidad Garcilaso de la Vega y que en el pasado trabajó como modelo en plataformas de contenido para adultos, como OnlyFans. Sin embargo, sus perfiles en redes sociales y dicha plataforma fueron eliminados tras revelarse su contratación.
Martínez defendió la idoneidad de su decisión, asegurando que el cargo que ocupa Cajo no requiere de mayores credenciales académicas. “Fue evaluada por el asesor, y yo di el visto bueno. (…) Para el cargo que yo necesito, no se requiere siquiera ser bachiller”, expresó. Además, arremetió contra quienes han criticado a su trabajadora: “Yo no vivo de cuentos ni de habladurías. Algunos periodistas se olvidan de que son hijos de una mujer o que tienen hermanas mujeres”, argumentó en un intento por desviar las críticas hacia cuestiones de género.
Criterios cuestionados
Esta no es la primera vez que el congresista se encuentra en el ojo del huracán por decisiones controvertidas. En este caso, el cuestionamiento principal gira en torno a la ausencia de un criterio técnico o meritocrático para ocupar un cargo remunerado con fondos públicos. Según expertos en gestión pública, si bien no todos los puestos en el Congreso requieren formación universitaria, los procesos de selección deben estar orientados a garantizar la idoneidad del personal en función de sus competencias y experiencia.
En sus declaraciones, Martínez insistió en que su decisión de contratar a Cajo está basada en razones humanas más que académicas. “Antes de ser político, soy un ser humano”, afirmó. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso de selección y las conexiones previas de la joven con figuras cuestionadas del Congreso generan serias dudas sobre la verdadera motivación detrás de su incorporación al despacho del legislador.
Una tendencia repetida
El caso de Isabel Cajo no es un hecho aislado. En los últimos meses, se han reportado varias contrataciones irregulares dentro del Parlamento, donde se privilegia a personas cercanas a los congresistas o con antecedentes cuestionables, dejando de lado a profesionales con mayores méritos. Estas prácticas reflejan un patrón que erosiona aún más la confianza ciudadana en el Congreso, una institución que ya enfrenta bajos niveles de aprobación en las encuestas.
La socióloga y analista política Paula Távara comenta que este tipo de decisiones generan una percepción de impunidad y falta de seriedad en la gestión pública. “El Congreso sigue mostrando que la meritocracia no es un criterio prioritario en su funcionamiento. Contrataciones como estas refuerzan la idea de que se privilegia el amiguismo o intereses personales por encima del bienestar colectivo”, señala.
¿Qué implica para el Congreso?
La polémica contratación de Cajo Salvador pone nuevamente bajo escrutinio el uso de recursos públicos en el Congreso. En un contexto donde la población demanda mayor transparencia y eficacia en las instituciones del Estado, este tipo de casos refuerza la percepción de desconexión entre los legisladores y las necesidades del país.
El congresista Martínez, por su parte, parece ajeno a las críticas y continúa defendiendo su postura. Sin embargo, este escándalo podría tener consecuencias no solo en su reputación, sino también en la confianza hacia el Congreso en general.
Conclusión
El caso de Isabel Cajo Salvador y su contratación en el despacho de Edwin Martínez es un reflejo de las deficiencias estructurales en los procesos de selección del Congreso. Más allá de las justificaciones del legislador, es imperativo que las instituciones públicas implementen mecanismos que garanticen la transparencia y la meritocracia en la gestión de recursos y personal.
Mientras tanto, las declaraciones de Martínez, como “Lo que más evalúo es qué tipo de corazón tienen”, continúan generando indignación y asombro entre los ciudadanos, quienes demandan un Congreso que actúe en beneficio del país, no como un espacio para decisiones arbitrarias.
