La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha decidido, a través de una resolución emitida el 28 de septiembre de 2024, ratificar el nombramiento de Luz Elizabeth Peralta Santur como fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. Esta decisión se produce en medio del escándalo conocido como “Chibolín” y la revelación de audios sobre la presunta venta de exámenes de ascenso.
Según La República, bajo la autoría de César Romero, informó que, con el voto y ponencia del consejero presidente Antonio de la Haza Barrantes, la JNJ concluyó que el proceso de selección y nombramiento de Peralta, que tuvo lugar en 2016, fue adecuado y no presenta irregularidades o influencias indebidas. De esta manera, el pleno de la JNJ avaló y ratificó ante el Ministerio Público y el sistema judicial en su conjunto la legitimidad de dicho nombramiento, eliminando cualquier sospecha de irregularidad.
En la resolución, la JNJ argumentó que durante la entrevista personal, las preguntas formuladas a Peralta Santur fueron pertinentes y dirigidas a evaluar sus conocimientos jurídicos y experiencia profesional. Aseguraron que la postulante respondió adecuadamente la mayoría de las preguntas y mostró un buen desenvolvimiento, obteniendo una calificación de 83.17 puntos, lo que la hizo merecedora del puesto. Asimismo, señalaron que no se encontró en su hoja de vida ningún cuestionamiento que pudiera poner en duda su idoneidad.
Sin embargo, la ratificación de Peralta ocurre en un contexto polémico. Veinte días antes, Ana Siucho Neyra reveló el presunto pago de un millón de dólares para la devolución de un cargamento de barras de oro y mencionó la amistad de la fiscal con el conductor de TV, Andrés Hurtado, alias ‘Chibolín’. Además, cinco días antes de la votación, la Fiscalía especializada en casos de corrupción intervino las oficinas de Peralta y encontró un audio que aludía a la compra de exámenes escritos para ascensos a fiscal superior y favores en las entrevistas personales.
Proceso en revisión
La investigación sobre el nombramiento de Peralta fue parte de un encargo del Congreso a la JNJ, realizado en 2018, para revisar procesos llevados a cabo por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Tras el análisis de la selección y nombramiento de Peralta en febrero de 2016, el pleno de la JNJ, con la ponencia de Antonio de la Haza, resolvió por unanimidad archivar la revisión especial del procedimiento de selección de la fiscal especializada en lavado de activos.
La revisión incluyó la evaluación de la entrevista personal, cuyos detalles fueron emitidos en un video difundido por el programa “Punto Final”. Sin embargo, el análisis de la JNJ no fue exhaustivo respecto a ciertas inconsistencias observadas en la entrevista, como los silencios y sonrisas de Peralta ante preguntas elementales sobre derecho penal. La falta de respuesta clara a preguntas como “¿Por qué el Perú es una República?” o “¿Cuál es el objeto del Código Penal?” no fue comentada en detalle por la JNJ en su resolución.
Preguntas sobre el proceso
La ratificación del nombramiento de Peralta, en medio de las recientes denuncias públicas, ha generado cuestionamientos sobre si la JNJ aceleró el proceso ante la presión del escándalo “Chibolín”. Además, persisten dudas sobre si los consejeros analizaron con detenimiento el video de la entrevista personal y por qué la votación tuvo lugar poco después de que surgieran nuevas acusaciones sobre su desempeño y presuntos favores para obtener el cargo.
