Solicitaron la presencia de la PNP y de un médico de la Diresa en la diligencia
Autoridades judiciales y personal policial participarán hoy, a las 9 de la mañana, del desalojo de la Clínica Bolívar, dispuesto mediante sentencia del Primer Juzgado Civil de Huánuco.
Así lo declaró el gerente de la Beneficencia Pública de Huánuco (BPH), Teófilo David Huaynate Peña, a la prensa. Asimismo, acotó que dicha medida judicial se viene realizando en el marco de una demanda que presentó la BPH.
El gerente explicó que el juzgado solicitó la colaboración de los efectivos de la Policía Nacional, quienes deberán asistir a fin el cumplimiento de dicha orden judicial y el orden público.
Cabe recalcar, que la Beneficencia interpuso demanda contra la Clínica Bolívar por ocupación precaria de instalaciones desde 2014 y el proceso parece interminable.
Huaynate Peña indicó que también solicitaron a la Dirección Regional de Salud (Diresa) la presencia de un médico en la diligencia judicial.
Con el objetivo de que pueda socorrer a las personas o pacientes que resulten afectadas por el desalojo.
En ese sentido, agregó que la sociedad de la beneficencia cumplió con lo dispuesto en el acta de lanzamiento que se llevó anteriormente que fue frustrado.
“Las autoridades de la Clínica Bolívar tienen conocimiento del desalojo y deben prevenir para evitar inconvenientes con sus pacientes, además que están pegados carteles en interior y exterior de la clínica”, resaltó Huaynate Peña.
El gerente también sostuvo que los carteles fueron tapados por el Centro de Rehabilitación Óscar Decker y que otros fueron borrados con esmalte por desconocidos.
“Son artimañas de la empresa y también han presentado una acción de amparo contra el acta, que denegó su postergación de plazo que habían presentado. Son artimañas con la finalidad de dilatar el tiempo, porque cuando se trata de una resolución de desalojo, el juez necesariamente tiene que dar cumplimiento sí o sí”, declaró.
Huaynate Peña señaló que en la diligencia anterior pidieron a la clínica que no reciba pacientes. No obstante, reconoció que los damnificados son los niños y adultos.
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Por lo tanto, el gerente de la beneficencia espera que dicha medida judicial se cumpla sin que nadie se vea afectado negativamente.
En ese sentido, sostuvo que esperan alcanzar justicia porque esto viene generando un perjuicio económico a la BPH.
Huaynate Peña sostuvo que existe un proceso penal contra el contrato de alquiler de la clínica, porque han estado inmersos en actos ilícitos e irregularidades que han dañado la buena imagen de la beneficencia de Huánuco.
“Están involucrados la señora Zulma Picón, Fredy Tarazona, José Luis Evangelista, Taclin Maget Alvarado, por el delito de negociación incompatible, aprovechamiento indebido y el delito de colusión agravada”, finalizó
