La suspensión de la última sesión del Concejo Municipal de Huánuco, programada para el martes 30 de diciembre, no fue un simple contratiempo administrativo. Fue, más bien, una señal preocupante de cómo la desidia y la falta de compromiso político terminan afectando directamente a comunidades que llevan años esperando decisiones fundamentales para su desarrollo.
La agenda no era menor. Estaba previsto debatir la creación del centro poblado de Vista Alegre, en el distrito de Pillao, y la devolución de funciones a la municipalidad del centro poblado de Colpa Baja. Ambos temas tienen un impacto directo en la capacidad de gestión local, el acceso a servicios y la autonomía de poblaciones que buscan mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la ausencia del alcalde provincial y de la mayoría de regidores, aparentemente por viajes y celebraciones de fin de año, dejó sin quórum una sesión clave.
No se trata solo de una falta de asistencia. Se trata de una cadena de postergaciones que ya se arrastra por más de dos años en el caso de Vista Alegre. Los pobladores han cumplido con los requisitos, han asistido de manera constante a las sesiones y han escuchado promesas reiteradas de que su pedido sería finalmente debatido. La cancelación de esta última sesión del año no solo frustra expectativas: erosiona la confianza en las autoridades y refuerza la sensación de que ciertos temas ciudadanos no son prioridad.
La preocupación expresada por los dirigentes comunales no es infundada. El debate ya se traslado para el 2026 y es muy probable que genere impedimentos legales para la creación de nuevos centros poblados en el último año de gestión municipal. Si ello ocurre, la responsabilidad política será clara. No será un problema de normas, sino de falta de voluntad y previsión.
Huánuco no es propiedad de ninguna autoridad de turno. Es una provincia conformada por comunidades que exigen respeto, atención y decisiones oportunas. Postergar debates clave por ausencia de quienes fueron elegidos para gobernar no es un hecho menor: es una forma silenciosa de negar derechos y frenar el desarrollo local.
Las autoridades aún están a tiempo de corregir el rumbo. Pero hacerlo exige asumir que gobernar implica estar presente, dar la cara y cumplir compromisos. De lo contrario, el descontento ciudadano seguirá creciendo, y con razón.
