La atención a las personas con discapacidad en Huánuco muestra algunos avances en infraestructura y normativas, pero continúa marcada por deficiencias estructurales, falta de continuidad en las políticas públicas y escasa sensibilidad institucional. Así lo señaló el representante de la Defensoría del Pueblo en la región, Marco Durand Rocca, al analizar el panorama local tras su participación en la XXX Asamblea y XXIX Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), enfocado en la inclusión y los derechos de este sector vulnerable.
Durand Rocca explicó que el encuentro internacional, desarrollado en Lima, reunió a representantes de distintos países de Iberoamérica con el propósito de compartir experiencias y estrategias para fortalecer la atención integral de las personas con discapacidad. Según indicó, uno de los acuerdos centrales fue la necesidad de incorporar la discapacidad en los planes y políticas de gobierno, con presupuestos permanentes y normativas sólidas que garanticen su cumplimiento.
“En muchos países, incluido el Perú, la atención a las personas con discapacidad se activa solo cuando hay una alerta o una crisis visible. Falta continuidad y una política de Estado que los incluya desde la planificación presupuestal hasta la ejecución de obras”, afirmó el funcionario.
Supervisión y hallazgos en Huánuco: accesibilidad limitada y falta de especialistas
En el ámbito regional, Durand Rocca informó que la Defensoría del Pueblo ha realizado diversas supervisiones a instituciones educativas, hospitales y obras públicas, verificando si se cumplen las normas técnicas de accesibilidad. Según manifestó, algunos colegios y edificios municipales recientes sí cuentan con rampas y vías adaptadas, pero muchas de las infraestructuras antiguas siguen siendo inaccesibles para personas con movilidad reducida.
El comisionado defensorial señaló que los colegios de Huánuco, en su mayoría, no cumplen con los requisitos básicos para garantizar la educación inclusiva. “Los ambientes accesibles deben estar en el primer nivel, pero lamentablemente gran parte de los planteles públicos y privados no lo contemplan. Además, hay muy pocos docentes especializados para atender a estudiantes con discapacidad, y los que existen están sobrecargados”, puntualizó.
Durand Rocca mencionó también que la Defensoría ha emitido recomendaciones formales al sector Educación para realizar adecuaciones técnicas mínimas sin requerir presupuestos elevados. “A veces no se necesita grandes obras, sino voluntad técnica y gestión eficiente para resolver los problemas”, añadió.
Salud y trabajo: discriminación y falta de continuidad en la atención pública
El representante defensorial reconoció que en el sector salud existen hospitales que han mejorado su accesibilidad física, como el Hospital de Huánuco, que dispone de ascensores y salas adaptadas en pisos superiores. Sin embargo, alertó que esta infraestructura no siempre se acompaña de una atención inclusiva. “Falta personal capacitado para la atención diferenciada, tanto en salud como en educación. Las normas están, pero no se cumplen de forma integral”, observó.
En el ámbito laboral, Durand Rocca informó que la Defensoría del Pueblo ha recibido reportes de personas con discapacidad que fueron despedidas o discriminadas en procesos de selección, lo que constituye una vulneración de derechos. En estos casos, señaló, la institución realiza verificaciones documentales y, de encontrar irregularidades, solicita la apertura de procedimientos administrativos contra los responsables.
“La discapacidad no exime a nadie de cumplir sus deberes laborales, pero tampoco puede ser motivo para sanciones arbitrarias o burlas. Si advertimos trato humillante o negligencia, intervenimos de inmediato y exigimos las sanciones correspondientes”, sostuvo.
Desafíos pendientes: sensibilización y políticas sostenibles
Para la Defensoría del Pueblo, el reto más urgente es que las autoridades locales y regionales incorporen la atención a la discapacidad dentro de sus presupuestos anuales y no como una respuesta temporal. Durand Rocca consideró que aún falta una comprensión real del tema: “No se trata de asistencia, sino de inclusión. Cualquier persona puede adquirir una discapacidad en algún momento de su vida. Es un asunto de derechos humanos, no de caridad”.
El funcionario expresó su esperanza de que los acuerdos alcanzados en la asamblea iberoamericana sirvan para fortalecer la coordinación entre las defensorías y gobiernos de la región. “La sensibilización debe empezar en el propio Estado. Solo así lograremos una atención permanente, con infraestructura accesible, educación inclusiva y respeto en el ámbito laboral”, concluyó.
