La violencia volvió a golpear la escena política. Este martes 2 de diciembre, Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial de Libertad Popular, sufrió un ataque armado cuando se encontraba dentro de uno de sus terrenos ubicados en el asentamiento humano Puente Tabla, cerca del balneario de Cerro Azul, en Cañete.
De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían abierto fuego contra el vehículo del candidato. Belaúnde habría escuchado hasta nueve detonaciones, aunque las pericias confirmaron que al menos tres impactos alcanzaron el parabrisas de su camioneta, evidenciando la magnitud del atentado.
Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar y desplegó diligencias inmediatas para esclarecer lo ocurrido. Agentes del Depincri de la zona hallaron dos casquillos durante las primeras inspecciones, mientras se activó un plan cerco para ubicar a los responsables.
El alcalde de Cerro Azul, José Pain, señaló que días antes se reportó un asalto contra un grupo de ingenieros que trabajaba en una obra, pero remarcó que el atentado contra Belaúnde sería el primer hecho de esta gravedad registrado en la zona. Además, indicó que no existen denuncias previas por extorsión ni reportes de amenazas directas vinculadas al candidato en el distrito.
Desde la agrupación política, Pedro Cateriano, aspirante a la primera vicepresidencia, calificó el atentado como un “mal inicio de la campaña” y advirtió que el país atraviesa un momento crítico por la inseguridad ciudadana. “Hay que rechazar con firmeza este ataque”, afirmó, y subrayó que la contienda electoral debe centrarse en propuestas y debate, no en violencia.
Consultado sobre un posible reglaje contra el candidato, Cateriano evitó adelantar conclusiones y sostuvo que esa hipótesis deberá ser determinada por la investigación policial. Entretanto, el atentado en Cerro Azul deja un mensaje inquietante: la criminalidad no solo dispara contra vehículos, también dispara contra la democracia.
