La búsqueda de justicia por las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023 en Perú ha escalado al ámbito internacional con la reciente carta enviada al Papa León XIV por la asociación de familiares de los fallecidos. Este movimiento se produce en un contexto de alta tensión política y social, marcado por denuncias de impunidad y cuestionamientos a la gestión del gobierno de Dina Boluarte. La visita oficial de la mandataria al Vaticano ha catalizado la acción de los familiares, quienes buscan visibilizar su causa ante la comunidad internacional y obtener respaldo para sus demandas de justicia y reparación.
Según la investigación publicada por El Comercio, la asociación de familiares de los 50 civiles fallecidos durante las protestas sociales de 2022 y 2023 denunció ante el sumo pontífice la promulgación de leyes que favorecen la impunidad por parte del gobierno actual, hechos catalogados como crímenes contra los derechos humanos por diversos organismos internacionales.
En la misiva, los familiares describen el dolor y el “martirio permanente” que viven desde los sucesos, atribuyendo las muertes al uso de armas de fuego por parte de miembros del ejército y la policía bajo el mando de la presidenta Boluarte y sus ministros. La carta denuncia que, en lugar de garantizar justicia, el Estado ha tomado medidas que afectan negativamente a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Raúl Samillán, presidente de la organización y hermano del médico Marco Samillán, asesinado en Puno, confirmó la entrega del documento a la Nunciatura Apostólica en Perú el 15 de mayo, con la esperanza de que llegue al Papa León XIV.
La asociación destaca tres puntos críticos que consideran obstáculos para la justicia. En primer lugar, cuestionan la sentencia del Tribunal Constitucional que liberó al expresidente Alberto Fujimori, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Argumentan que esta decisión sienta un precedente peligroso para futuros procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos.
En segundo lugar, critican la ley impulsada por el Congreso que busca impedir procesos judiciales contra miembros de las fuerzas del orden por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de los años ochenta y noventa. Los familiares consideran que esta ley representa un intento de exonerar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y perpetuar la impunidad.
Finalmente, denuncian la ley APCI, promovida por el Congreso y promulgada por Boluarte, que dificulta que las organizaciones civiles sin fines de lucro que brindan apoyo legal a las víctimas de delitos contra los derechos humanos demanden al Estado peruano. Esta ley, según los familiares, limita su acceso a la justicia y restringe la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para defender sus derechos.
La carta concluye con un llamado al Papa León XIV para que interceda por la justicia, resaltando la urgencia de su ayuda. La iniciativa ha trascendido las fronteras peruanas, llegando a la comunidad peruana en Roma, donde se han organizado movilizaciones para exigir respuestas a la presidenta Boluarte. Paralelamente, se reportan protestas frente al Vaticano durante la visita de Boluarte, evidenciando el descontento y la demanda de justicia por parte de los familiares y la diáspora peruana.
