La reciente denuncia de la regidora Sherly Morales ha dejado al descubierto un escándalo más en la ya larga lista de irregularidades que socavan el desarrollo de nuestras regiones. Esta vez, el foco está sobre una obra vial de apenas 23 kilómetros entre San Pedro de Pillao y San Pedro de Acomayo, ejecutada con un presupuesto de 7 millones de soles, pero que presenta severas deficiencias técnicas y administrativas.
A pesar de haber sido oficialmente concluida y cancelada, la obra fue entregada sin la presencia de supervisores, ni del alcalde provincial de Huánuco, ni de los alcaldes distritales correspondientes. Más preocupante aún es que el asfaltado prometía un espesor de dos pulgadas, pero solo se habría aplicado dos centímetros, situación que ya está provocando fallas visibles en la vía, con grietas y hundimientos que imposibilitan el tránsito.
Este caso evidencia una vez más cómo la corrupción y la falta de fiscalización efectiva siguen siendo el talón de Aquiles en la gestión pública. No hubo una supervisión técnica real o esta fue deliberadamente negligente. Las autoridades locales, lejos de fiscalizar, no asistieron ni siquiera a las reuniones convocadas por la población para discutir el estado de la obra. Solo algunos dirigentes comunales estuvieron presentes, junto con los subprefectos de ambas localidades.
Además de la mala ejecución, la carretera carece de cunetas para el drenaje de aguas, un elemento básico en una zona azotada por lluvias intensas. Esta omisión no solo refleja negligencia técnica, sino desprecio por las condiciones reales del territorio.
La población exige justicia, y es deber del Ministerio Público y de la Contraloría intervenir con diligencia, investigar a fondo y sancionar a los responsables. Sin embargo, la desconfianza en estas instituciones es profunda. En Huánuco, como en muchas regiones del país, el Ministerio Público y el Poder Judicial son vistos como estructuras inertes, más preocupadas por intereses particulares que por el bienestar ciudadano.
La corrupción no solo se evidencia en grandes obras de alcance nacional. También se anida en proyectos pequeños, como este asfaltado, que terminan costando caro al desarrollo y la conectividad de nuestros pueblos. Pillao y Acomayo son hoy víctimas de un sistema que sigue premiando la impunidad. Urge un cambio estructural, uno que devuelva la confianza ciudadana y garantice que cada sol invertido tenga un impacto real en la vida de la población.
