Después del desconocimiento de David Maquera como presidente de la Asamblea Estatutaria, para el asesor legal de la Unheval, Alirio Yépez, el organismo encargado de elaborar el estatuto de la universidad quedó acéfalo. Insistió que existen graves incongruencias en la Resolución Nº 023 de la Sunedu y anunció que tienen plazo de 15 días para solicitar una reconsideración.
Enfatizó que el grupo mayoritario, que protege a Guillermo Bocangel, se negó a asistir a las sesiones que convocó Maquera, bajo el argumento que el estatuto que aprobaron se encuentra judicializado. Yépez remarcó que el argumento era válido porque según la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando un proceso se encuentra judicializado, las autoridades administrativas deben de abstenerse de cualquier acción hasta conocer el pronunciamiento definitivo sobre el caso.
Sobre la designación del presidente de la Asamblea, dijo que la norma era ambigua porque no precisaba si debía elegirse al docente titular más antiguo miembro de la Asamblea Estatutaria o al docente titular más antiguo de la Universidad. En el primer caso, el designado sería Juan estela y en el otro, Mariano Tamayo Calderón.
Sin embargo, cuando las autoridades interinas empezaron a develar las irregularidades en Postgrado, sobrevaloración de obras y malos manejos administrativos, existiendo graves indicios de varios delitos, “la cabeza del grupo mayoritario, Guillermo Bocangel, trató de agilizar la convocatoria a la Asamblea Estatutaria para que se elijan nuevas autoridades que protejan las irregularidades de la anterior gestión”, sostuvo Alirio Yépez.
Sobre la resolución de la Sunedu, las incongruencias que advirtió Yépez, es que en uno de los considerandos reconocen que Maquera estaba convocando a sesiones siguiendo los procesos de adecuación, pero resuelven desconocerlo aduciendo que no convocaba a los miembros de la Asamblea. “Se vulneró la autonomía universitaria con una resolución totalmente errada”, declaró.
Insistió que la designación de Abner Fonseca como presidente de la Asamblea Estatutaria es ilegal porque cuando se autoconvocó en 2015 al mismo cargo, con una resolución apócrifa, avaló la permanencia de Bocangel hasta 2018.
