La controversia sobre la transparencia en la gestión pública se intensifica tras la negativa del Gobierno peruano a divulgar información crucial sobre el incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte. Esta decisión, amparándose en la Ley de Transparencia, ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre el verdadero alcance y la aplicación de dicha ley en casos de interés público. La falta de acceso a la información, según expertos, genera desconfianza y alimenta especulaciones en torno a las decisiones gubernamentales.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha calificado la negativa del Gobierno como un “claro caso de utilización perversa de la Ley de Transparencia”.
Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del IPYS, argumenta que la opacidad impuesta por el Ejecutivo sobre este asunto, que concierne directamente a la presidenta y al uso de fondos públicos, contraviene los principios fundamentales de la transparencia y el acceso a la información. Pereira rechaza enfáticamente la justificación presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), enfatizando que la naturaleza del tema demanda la máxima apertura y rendición de cuentas.
El letrado también desestima la invocación del “privilegio deliberativo” por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sosteniendo que los informes emitidos por esta entidad ya reflejan una postura institucional definida, eliminando la necesidad de mantener la confidencialidad bajo este argumento. La divulgación de estos documentos, según Pereira, no representa un riesgo para el debate interno del Consejo de Ministros, sino que, por el contrario, enriquecería la discusión pública sobre un tema de gran relevancia.
La información solicitada por diversos medios, incluyendo el Diario Ahora, se centra en cuatro oficios que sirvieron como base para el informe N°0034-2025-EF/53.07 del MEF, documento que determinó el incremento salarial de la presidenta Boluarte de S/16.000 a S/35,568. El Gobierno ha clasificado estos expedientes como “confidenciales”, amparándose en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta situación se presenta en un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales se encuentra erosionada. El acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos fiscalizar la gestión de sus representantes y participar activamente en la vida democrática. La opacidad, por el contrario, fomenta la desconfianza y debilita el Estado de derecho. Casos como este reafirman la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el Perú.
La respuesta negativa de la PCM a la solicitud de información fue emitida el 16 de mayo, apenas dos días después de la juramentación de Eduardo Arana como nuevo titular de esa cartera, lo que ha generado suspicacias sobre una posible intención de ocultar información sensible. La controversia en torno a la divulgación del incremento salarial de la presidenta Boluarte continúa escalando, con fuertes críticas por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
